En los tiempos y circunstancias de un México bicentenario, la clase cogobernante está exigida a ejercer la esencial política con el objetivo de configurar el andamiaje de unas pertinentes políticas públicas estructurales orientadas a transitar del inadmisible estatus quo de la «pobreza franciscana» hacia la prosperidad entre las colectividades sociales; que permee desde el sur y sureste, centro, norte, bajío, pacífico y más allá, sin dejar al margen ninguna de sus 2 mil 478 municipalidades y/o alcaldías.
Esta hoja de ruta aún en proceso de plasmar en el Plan Nacional de Desarrollo del régimen presidencialista, así como en los estatales y municipales, deben armonizarse con una prospectiva capacidad de maniobra para modificar lo que corresponda sobre el cause del bien común, con la impostergable condición de involucrar de manera activa la participación ciudadana en las asignaturas de justicia social mandatada a su representación, en este caso las autoridades ejecutivas y legislativas que eligió en voluntad popular el 2 de junio de 2024.
El Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 que en breve presentará el Gobierno Federal debe hacer sentido con las soluciones puntuales a las complejidades en cada una de las regiones sobre la superficie territorial de 1 millón 964 mil 375 kilómetros cuadrados, con marcadas asimetrías que deberán ser abatidas con prioridad en zonas marginadas, por las cuales se trace la definición de las políticas públicas estructurales.
Para lograr el desarrollo social con los inherentes satisfactores de bienestar se debe fomentar un exponencial crecimiento de visión integral económica, con la consideración de vocaciones en cada zona geográfica del país; que en el sureste mexicano debe transitar por la implementar la modernización de las actividades agropecuarias asociadas con la industria que les dé una rentable plusvalía a la producción de cultivos y los cárnicos.
Deslumbrados por el «boom petrolero» de mediados de la década de los años 70`s del Siglo XX, en Campeche y Tabasco se abandonaron los ambiciosos planes agropecuarios; el mayor de los yerros que trajo como consecuencia un campo ocioso mientras que gran parte de su población migro a las ciudades capitales para emplearse en el sector de los energéticos.
El «crack» se dio en 2016, dado cuando el barril del hidrocarburo cayó a 20 dólares, condujo a una crisis de gran calado a toda la cadena de valor, directa o indirectamente vinculada, sin dejar de lado la carestía de la vida. Las familias extranjeras incluso dejaron su vecindad para migrar a otras latitudes junto con las empresas de servicios.
En los meses subsecuentes, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística difundió que 9 de cada 10 jóvenes tabasqueños nativos de familias rurales optaron por migrar a la ciudad capital; una situación que ha trascendido en el tiempo con una población avejentada, razón por la que el sector primario ya no figura con relevancia en el Producto Interno Bruto de la entidad tabasqueña.
Sin pretender censurar las aspiraciones a elevar la calidad de vida y menos a migrar, el gobierno federal y los estatales junto con los municipales deberían tener en cuenta programas estratégicos para arraigar una población económicamente activa que oxigene la vida rural, incluso con programas académicos afines; las «Universidades Benito Juárez» de la anterior administración pública tenían ese perfil, aunque la implementación de 100 planteles se redujo a buenas intenciones.
Las opciones para salir de la «pobreza franciscana» aparejada con pasar de una precaria a solvente hacienda pública tiene que ver con una visión estratégica, en la que se incluye el fenómeno de la relocalización de las empresas procedente de Asia y además de Norteamérica en conjunto complementarían las piezas del engranaje socioeconómico.
Hay que tener en cuenta los 14 tratados comerciales internacionales con 46 países que México posee, a los habrá que aprovechar su plusvalía; incluido el TMEC con Estados Unidos y Canadá, este ya en un trabajo coordinado entre la Secretaría de Economía y el Senado de la República para gestionar condiciones favorables en el análisis y actualización de cada uno de los sectores. De 1994 a la actualidad suman ya 31 años de una asociación con el principal consumidor de bienes y servicios en el mundo, de este lado se destina el 80 por ciento de las exportaciones, en primer orden de la industrias manufactureras y frutos.