¿Quién dijo que la participación ciudadana concluye con la emisión del voto para elegir a sus Autoridades de Gobierno? Acto constitucional que hubo este 2 d junio en la renovación periódica a cargos de poderes en el ámbito federal, locales y municipales. Por lo contrario, el cumplimiento dicotómico del derecho y la obligación como la «Democracia Participativa» que recae en el colectivo social tiene también la responsabilidad cívica de acompañamiento a su gobernanza, la «Democracia Representativa», para hacer que lo comprometido en campaña transite a una genuina justicia social.
En el contexto de que los Estados Unidos Mexicanos se erige en una «República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación», ciudadanía, así como Autoridades, Ejecutivas y Legislativas, deben asumir su responsabilidad para que la «hoja de ruta» a trazar en un Plan de Gobierno, nacional, local y municipales, les involucre a todos; sin discriminación alguna ni confrontaciones.
Con la transición de Poderes entre Legislaturas y Administraciones Ejecutivas sobresale el pase de la Banda Presidencial del que culmina al que iniciará desde este 1 de octubre en la persona de una mujer por vez primera en 200 años, atrás deben quedar la polarización para encausar el bien común mediante el eficiente ejercicio de la esencial política para conciliar entre mayorías y minorías aquellos acuerdos para beneficiarse mutuamente.
Claudia Sheinbaum Pardo debe recibir la constancia de Presidenta Electa de México máximo el 6 de septiembre por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la calificación de la elección inmediatamente de haber concluido la emisión de sentencia de las 208 impugnaciones por causales diversas que en ningún momento ponen en riesgo una eventual nulidad.
La ganadora de la elección al cargo de la Primera Magistratura del país, la Jefa del Estado Mexicano además de la Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas, deberá regir tales investiduras con lo que dicta la máxima «El Poder no se comparte, se ejerce», acuñada por el General Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz y antes gobernador del estado de Jalisco de 1943 a 1947; abuelo de quien asumirá como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Depositaria del Poder Ejecutivo, con el reconocimiento de que teniendo de su lado las mayorías que en las urnas le otorgaron un histórico triunfo debe tener en cuenta también la inclusión de las minorías; aun cuando hayan votado por la alternancia a la continuidad del Régimen ahora autodenominado «El Segundo Piso de la Cuarta Transformación».
La definición de las políticas públicas estructurales que de raíz se deben orientar al propósito de hacer realidad el compromiso inherente de la «Justicia Social»; en donde tenga una apertura al diálogo para escuchar por parte de las colectividades las sustantivas necesidades de bienestar a incluirse en programas sociales y obras de infraestructura física.
La gobernanza federal, local y municipal, deben ser de una fluida comunicación y gestión entre las asociaciones civiles, que incluso impulsan demandas ancestrales; sin olvidar que ya han hecho uso del derecho constitucional a promover la iniciativa de leyes populares ante el Poder Legislativo; como la Ley #3de3 durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto; que trascendió a una minuta de decreto hasta su promulgación en el Diario Oficial de la Federación, aunque en la actualidad no se cumple con la exigencia a los funcionarios públicos a transparentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que le marca la corrupción que la Auditoría Superior de la Federación consignó de 20 mil millones de pesos en Seguridad Alimentaria mexicana, en donde los funcionarios implicados ya rinden cuentas en prisión, excepto Ignacio Ovalle quien como Director General es el responsable principal de un asunto que trastoca el patrimonio nacional. Misma situación, aunque en el Gobierno de la Ciudad de México, con Florencia Serranía, Directora del Sistema Colectivo Metro, por la caída y muertes del tramo elevado de la Línea 12.
A la Presidencia de México que iniciará su gestión en la Administración Pública no tiene por qué temblarle la mano para asumir decisiones de estado con asertividad; deberá actuar en consecuencia si transgreden el orden constitucional alguien de su Gabinete Legal y Ampliado, además de mandos medios, o entre la burocracia.
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