La constitucional elección de este 2 de junio al cargo de la Presidencia de la República, Senadurías y diputaciones federales, en concurrencia con las renovaciones locales, se decidirán entre los potenciales 98 millones 329 mil 591 mexicanos, que votará a sus gobernantes ejecutivos y legislativos por voluntad popular mayoritaria. La participación ciudadana deberá sufragar individual, libre y en secrecía.
El alud de encuestas en el contexto electoral no decide ni jamás lo harán a ninguno de los 20 mil 708 cargos de poder público, sino la participación ciudadana inscrita en el Listado Nominal del INE, de quienes poseen credencial vigente; además dejaron de ser un termómetro de fiar incluso para las candidaturas a alguna posición en la definición de sus estrategias de campaña.
El estatus de la incertidumbre permea respecto de quién será la elegida entre las candidaturas mujeres que en una parejera representan un evidente proyecto de nación contrapuesto; el innegable voto oculto dado por diversas causas será factor determinante ante el escenario de una polarizada competencia.
El voto a emitir este 2 de junio debe ser informado y analizado, en el entendido de que no hay marcha atrás en el acto individual de plasmar en la boleta una decisión bajo el paraguas de una demanda por la justicia social reflejada en calidad de vida.
Sería gravoso no hacer válido el voto para quien piense no ir a su casilla por creerse el mensaje de que la «elección ya está resuelta», porque según la narrativa «los mexicanos ya decidieron», cuando el resultado podría ser adverso porque quienes aun con la expectativa de ir en desventaja sí le depositan su confianza al suyo.
Un juego de las emociones y manipulación de masas que podría marcar la diferencia entre la victoria y la derrota para cualquiera de los 20 mil 708 cargos de poder, porque la elección la deciden los mexicanos en las urnas este 2 de junio, una Jornada Cívica de la que son poseedores los ciudadanos quienes como funcionarios de mesas directivas de casilla reciben y cuentan la decisión individual de sus vecinos, a la vista de representantes de partidos políticos, observadores electorales y visitantes extranjeros.
El ejemplo más ilustrativo de un resultado adverso por confiados halla reflejo en la consulta popular dada en junio de 2016 en Reino Unido; en donde ingleses, escoceses e irlandeses fueron convocados a votar entre mantenerse o separarse de la Comunidad Económica Europea; el denominado «Brexit» en el que la minoría se impuso ante una mayoría que se pensó triunfadora.
Sería deseable que todos los electores asumieran el derecho político a votar, habida cuenta que representa un desafío la movilidad de ese tercio de abstencionistas para cumplir con una vocación civil; inhibidos entre el desencanto de la incumplida demande de justicia social y quienes por prejuicios de credo les tienen prohibido elegir, que legalmente también es una obligación.
Un foco rojo representa el segmento de jóvenes que acusan de apatía ante la ausencia desde el proceso educativo y formativo precario, agravado porque la asignatura de civismo no está considerada dentro del programa curricular en niveles básicos; aunque podría motivarse esta ocasión una parte importante por el activismo en campaña que entre universidades tuvo una las candidaturas a la Presidencia de México encausaron hacia ellos su beta de oportunidad para ganar adeptos hacia subsecuentes procesos.
La elección próxima a celebrarse en definitiva se constituye como la más compleja de la historia contemporánea, entre otras razones por el castigado presupuesto asignado para su organización, sumada a la protagónica injerencia de los poderes fáticos liderados por la delincuencia organizada; infiltrada de a poco hasta tener un dominio preponderante que inició con el asesinato de Rodolfo Torres Cantú, candidato a la gubernatura de Tamaulipas, en junio de 2010.
El análisis de una agravada de un prisionero entorno que el 15 de diciembre de ese 2010 expuso Lorenzo Córdova Vianello durante una entrevista que sostuvo con un periodista en Tabasco; justo un año antes de que fuera designado consejero electoral del entonces Instituto Federal Electoral y en la posterior transición al Instituto Nacional Electoral se le asignó la Presidencia, mediando convocatoria pública.
En Maravatío, Michoacán, asesinaron a Miguel Ángel Zavala y a Armando Pérez Luna, ambos precandidatos a la alcaldía; en Celaya, Guanajuato, a Gisela Gaytán, sumado a más de una veintena de quienes buscaban el acceso al poder público en el proceso electoral que aún está en desarrollo. La participación ciudadana con este entorno en el país está en el limbo.
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