Va contra natura al espíritu de la democracia y la fundamental política que no haya competencia electoral por los cargos de accesos al poder público entre candidaturas. Queda todo a deber la ausencia de argumentos sólidos respecto de un proyecto de nación y/o estatal y/o municipal cuando en la dicotomía se asumen como conquistadores de un triunfo, seguro aparejado con una desesperada convocatoria a votar todo en pro de una coalición; que trasgrede el libre criterio constitucional del elector para decidir plasmar en las boletas su voluntad de manera diferenciada.
Los usos y costumbres de recurrir a la guerra sucia acentuada en los spots de radio y televisión, reproducidos igual por redes sociales, han hecho su protagónica aparición como el común denominador a exactos 30 días de campaña por discurrir y posterior Jornada Cívica del 2 de junio para optar por la Presidencia de la República, Senadurías, Diputaciones Federales, en concurrencia con 9 gubernaturas, alcaldías y/o congresistas locales.
Con candidaturas a Autoridades de Gobierno, Ejecutivas y Legislativas, incluso impresentables por reputaciones negativas o bien por nula formación, además de una hueca plataforma de compromisos que conecten con la genuina demanda de justicia social, se evidencia la farsa de que los partidos políticos cumplan con el precepto de ser instituciones ciudadanas promotoras de la vida democrática entre la sociedad y esta pueda acceder a las posiciones de poder público.
Los potenciales 98 millones 3291 591 electores, inscritos en Lista Nominal con «derecho» y «obligación» política a elegir votar, deberían razonar a conciencia esta decisión de «Estado», bajo el paraguas de que en voluntad popular por mayoría «democrática» se integrará una gobernanza que en sus tres niveles igual deberán conciliar el interés de una nación polarizada que requiere justo de la unidad participativa social en el acompañamiento de decisiones trascendentales.
En medio de lo que hay, se tiene la responsabilidad de elegir a Autoridades de Gobierno con pocas opciones atractivas entre los nuevos valores y los de rancia trayectoria con rostros, nombres y apellidos que perviven desde hace media centuria, debe tenerse la pertinencia de ponderar qué tan armonizadas están sus propuestas en los tiempos y circunstancias contemporáneos.
Los nombres y apellidos inscritos en los primeros sitios de los listados plurinominales por partidos políticos en candidaturas plurinominales en senadurías y diputaciones federales, integrantes del Congreso de la Unión, son los únicos seguros de ocupar una curul o escaño, pero los que se eligen por voto directo esos sí habrá que analizar con el criterio de la razón.
Las coaliciones en lo que llevan de vigencia reciclando candidaturas que pasan de una posición a otra sin que hallan cabildeado algún beneficio de impacto al bien común, a las colectividades sociales, ningún interés tiene por competir con argumentos que trasciendan a un estatus de país en prosperidad, desarrollo y crecimiento que transversalmente pasan por una calidad de vida con la prioridad a cerrar la brecha de las asimetrías.
Un polarizador mensaje de pretender incidir en el voto de la sociedad electora alimenta la guerra sucia en simultáneo con el odio y la discriminación, en la campaña y en la propaganda en nada abona a una imprescindible autocrítica, al reconocer una ancestral problemática y el compromiso de solución estructural, desde la raíz que tienen todo que ver con la creciente demanda de justicia social.
El Instituto Nacional Electoral ha emitido Acuerdos y Resoluciones encausadas a que prevalezcan los Principios Democráticos. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, depositario del control de constitucionalidad y convencionalidad en la organización de las votaciones revoca las decisiones, orientados a una postura obsequiosa desde que fueron designados en 2016, durante la anterior gestión en la Presidencia de la República.
Las elecciones de los Poderes de la Unión en concurrencia con los 32 locales desde ahora transitan por una aguda situación de crisis por incompetencia entre candidaturas y sus partidos políticos, que rayan en la ilegalidad. El pleito conducirá a una judicialización generalizada de la voluntad popular. A la partidocracia mexicana, le distingue no saber ganar sobre el entramado democrático, y no aceptarse como derrotados, son malos perdedores. No tendrá por qué sorprender si hay anulaciones.
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