Una cuarta parte de los estados del país incidirán en un 52 por ciento en la elección por voluntad popular el cargo de la Presidencia de la República, sin caer en discriminación de los demás. Con potenciales 98 millones 329 mil 591 votantes inscritos en Lista Nominal final, el Estado de México con 13 millones 026 mil 714 votantes y la Ciudad de México con 7,918,513 en conjunto concentran 20 millones 945 mil 227, el 21.30 por ciento, una quinta parte que determinará el sentido del sufragio efectivo.
La elección sigue abierta a escaso mes y medio para la Jornada Electoral del 2 de junio, cuando ejercerán los mexicanos un voto que constitucionalmente debe ser libre en la dicotomía de ser un derecho político y una obligación.
Del análisis se tiene que con motivo del relevo en la gubernatura del Estado de México el 4 de junio de 2023 sólo concurrieron a las urnas un 49 por ciento de su Listado Nominal, con diferencia de ocho puntos porcentuales en el resultado que favoreció a Delfina Gómez por sobre Alejandra del Moral. Esta entidad lidera los casos de feminicidios. Las encuestas promediaron 20 por ciento hacia arriba que cuchareadas o no en general dejaron de ser incluso una fotografía del momento, incluso aquellas que sostienen el rigor científico.
La Ciudad de México con hegemonía de 27 años en la Jefatura de Gobierno, en el 2021 la oposición coaligada ganó 9 de las 16 alcaldías al oficialismo, que en las actuales circunstancias y tiempos ninguna certeza tiene de continuidad, con proyección a perder además otras posiciones; una alternancia empujada por la crisis de escasez en el agua, el colapso en la movilidad, en particular el vetusto Sistema Colectivo Metro; la inseguridad pública, sumada al cobro por derecho de piso a comercios, entre otros tantos.
Con sus propias complejidades en inseguridad pública y la economía, Jalisco de gestión opositora posee potenciales 6 millones 619 mil 341 votantes; Veracruz registra 6 millones 080 mil 509; Puebla, 4 millones 978 mil 643; Guanajuato, 4 millones 831 mil 142; además de Nuevo León, 4 millones 466, mil 097; y Chiapas, 4 millones 003 mil 327.
Rankeado de más a menos, en una cuarta parte, 8 de las 32 entidades federativas en conjunto suman 51 millones 924 mil 286 ciudadanos en Lista Nominal de quienes poseen credencial para votar, un 52.48 por ciento del total con derecho a elegir por el cargo de la Presidencia de la República, entre las 2 opciones que con rostro femenino.
El rigor de un estudio ponderado, sumado a las problemáticas en cada localidad del país, igual con sus propias votaciones locales, en la prospectiva orientan hacia dónde apuntarían más las estrategias en la puja por ganar la posición del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, sin dejar al margen los otros territorios, entendido que todos suman para un resultado que apunta al empate técnico, cerrado.
Pretender ancestralmente forzar al electorado para que la votación a los cargos por renovar en cada estado va contra natura de la esencial democracia de un libre criterio; misma situación vista desde el otro extremo convocando a votar en contra de unos u otros.
Las candidaturas a Presidencia de la República, a Legisladores, a Gubernaturas y a Alcaldías proponen y la ciudadanía dispondrá el sentido de su decisión con el sustento de informarse y reflexionar los comprometido para determinar a sus Autoridades de Gobierno, Ejecutivas y Legislativas. El voto debe ser libre, informado y reflexionado entre los potenciales 98 millones 329 mil 591 ciudadanos que renovarán a su próximo Jefe de Estado Mexicano; no las encuestas que ya no son de fiar en estas y anteriores elecciones. Hay mucho voto oculto detrás de la respuesta de la población muestreada; aunque estos estudios sí son utilizados en la propaganda de la campaña por medios tradicionales y en redes sociales para influir.
Los debates entre candidaturas a la Presidencia de México en los hechos no se acercan a la naturaleza de estos ejercicios que confronten programa de gobierno y visión de país; por lo contrario, en la negociación entre partidos se ponen una camisa de fuerza que impide deliberar para dar argumentos al electorado. Una discusión implica mostrar quién es quién y sus capacidades para asumir un cargo de exigente responsabilidad, privando al espectador de tener los elementos que le sumen al sentido de su voto.
El Programa de Resultados Electorales Preliminares, alimentado de lo asentado en cada acta de casilla, y el Conteo Rápido con el muestreo de un 25 por ciento de las casillas acercan a la tendencia del voto popular; ambos operados por el INE con carácter informativo no vinculatorio al Cómputo de Resultados que inicia el miércoles siguiente de la Jornada Cívica.
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