Tendrá rostro de mujer la elección al cargo ejecutivo de la Presidencia de la República Mexicana; la única certeza durante los 90 días de campaña que inicia este viernes 1 de marzo entre dos candidaturas del género femenino con sus respectivos argumentos, que deben poseer para conquistar la mayoritaria preferencia entre los potenciales 98 millones 622 mil 905 ciudadanos inscritos en listado nominal que decidirán entre Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez Ruiz.
La votación del 2 de junio para elegir a quien poseerá la investidura de Jefe del Estado Mexicano será ganada por la candidata que logre sostenerse en la asertiva propuesta con el intelecto de conocer de raíz los claroscuros socioeconómico nacional y su encuadre en la geopolítica, que les permita tener una hoja de ruta autocrítica; apoyadas por el equipo de estrategas responsables de encausar una narrativa de campaña que haga sentido con la demanda de justicia social.
Triunfará quien muestre capacidades y competencias, quien responda con los argumentos, incluso en los tres debates obligatorios ya pactados y pueda superar esos yerros que deriven en situación de crisis.
La campaña negra centrada en descalificar en ambas vías a la candidatura presidencial adversaria será recurrente, actos que bordean con la ilegalidad que ahogan la posibilidad de elaborar justo esa propuesta autocrítica que en la eventualidad de ceñirse la banda transiten a las políticas públicas estructurales de impacto al genuino desarrollo y prosperidad.
La elección está abierta con el soplo de la incertidumbre, se definirá durante el discurrir de 90 días. La Presidencia de México la decidirán quienes ejerzan su derecho político constitucional a votar en libertad, con el criterio de informarse y reflexionar.
Las encuestas son sólo una fotografía del momento, sesgada por una decisión oculta en un entorno superficial aun cuando la metodología científica se implemente con eficiente rigor; aunque en el ecosistema electoral dejaron de ser un referente de fiar. El ejemplo más reciente se tiene en Estado de México cuando la diferencia entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral fue de 8 puntos porcentuales y no de una estimación que promedió una brecha de 20.
Desde la institucionalidad en 1990 a la creación del IFE a cargo desde entonces de la organización de las elecciones, tiene todo que ver la promoción del voto y participación ciudadana que en voluntad popular que otorgan legitimidad a la Jornada Cívica con la observancia de representes de los partidos políticos.
El debate en la conversación de café matutinas o al atardecer será entre quien representa la continuidad de un régimen autodenominado de la «Cuarta Transformación» y su adversaria asumida como «ciudadana» y así se empeña en que se le distinga, al margen de una coalición de Acción Nacional, PRI y PRD, que antaño concentraron el mando de gobierno; cada una con los positivos y negativos de la particular hoja de trayectoria en la función pública e ideológica.
Una deliberación entre los partidarios y neutros, hombres y mujeres, será tan controvertida e intensa como se dé el desenvolvimiento durante exactos tres meses, por lo que compete a la puja entre Sheinbaum Pardo y Gálvez Ruiz.
La candidatura de Jorge Álvarez Máynez por Movimiento Ciudadano sería intrascendente por su inmadurez en el contexto negativo de como se ha posicionado en rede sociales y medios periodísticos, sería mero personaje testimonial de una reñida competencia inédita entre féminas.
Qué contraste se prospecta en la discusión electoral motivada por la sucesión presidencial que absolutamente será acalorada e intensa en un estado altamente politizado como Tabasco, afín a Morena, y el entorno de otra mesurada en el caso de Yucatán, de predominio panista; ambos estados además con gubernaturas por renovar. Todo México tiene igual votaciones locales para el relevo de 20 mil 708 cargos ejecutivos y legislativas, según la más reciente actualización del INE.
En una lógica del sistema presidencial de gobernanza en México, el monopolio de un patriarcado poseedor del poder quedará atrás justo en el bicentenario de que el país se constituyera el 4 de octubre de 1824.
El pragmatismo será el común denominador, habida cuenta la integración de las coaliciones que ninguna armonía guardan respecto de sus respectivos principios de doctrina y programa de gobierno, sumado también los estatutos.
Los tiempos y circunstancias obligan al INE a asumir el rol de ser el Árbitro que debe hacer prevalecer entre los jugadores los principios rectores de «Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Objetividad y Máxima Publicidad». No debe temblarle la lengua ni la mano para sancionar cualquier violación.
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