Ninguna de las candidaturas a la Presidencia de la República puede a priori autoproclamarse vencedora de unas elecciones por voluntad popular que todavía no se llevan a cabo ni se conoce el cómputo de resultados. Será en escasos 8 meses, para ser precisos 236 días, cuando los mexicanos elijan el 2 de junio de 2024, se entiende que de manera libre y en secrecía.
Los tiempos y circunstancias de un contemporáneo país extremadamente polarizado en todos los ámbitos tiene todo que ver con quién desde el 1 de octubre siguiente se ceñirá la banda presidencial con el símbolo patrio del águila real, bordada en hilo dorado.
Hay que considerar también el proceso de construcción de una democracia incipiente que en la coyuntura asume decisiones incididas por su entorno personal y colectivo social, al poner en la balanza del criterio el grado de satisfacción que tiene el elector respecto de lo comprometido por su actual gobernante federal y local, aparejado con el perfil de quienes aspiran a ser la próxima Autoridad de Gobierno Ejecutiva.
Las encuestas de tendencias electorales, que antaño fueron el termómetro certero para prever unos resultados ahora fugaces fotografías del momento ya no son de fiar frente a un evidente voto oculto que les resta la proximidad comparativa con procesos anteriores, incluso el que hubo en 2018 en un México agraviado que se manifestó ante un «mal humor» por verse defraudado en sus demandas; entonces la tendencia no daba margen a la objeción.
Las candidaturas al cargo del Ejecutivo Federal, Locales y Municipales deben rodearse de un equipo multidisciplinario que les marque la pauta sobre la ruta a seguir en campaña y no confiarse a estudios de medición que en la actualidad son solo una referencia para lograr el propósito de ganar en la urna.
Aun cuando forzosamente se rigen por una metodología científica, cualquier estudio de opinión sobre la intención del voto podrá tener credibilidad técnica, pero sesgada sobre el muestreo del universo de 97 millones 033 mil 891 ciudadanos inscritos en el listado del Registro Federal de Electores del INE, con corte al 28 de septiembre.
Un porcentaje de encuestados dará una respuesta que no corresponderá con el sentido de su decisión el día de la votación; será un común denominador ya sea mediante levantamiento en domicilio, telefónica o electrónica, por correo.
El problema del sesgo sobre el resultado no será de la casa encuestadora ni de las preguntas formuladas con rigor técnico profesional, aún menos del muestreo. Por lo contrario, el punto de quiebre radica en aquel a quien se le formula la batería de preguntas y sus opciones que no serán respondidas con fidelidad por el ciudadano elector en un importante porcentaje.
El referente más reciente aconteció con las encuestas levantadas con motivo de las elecciones del Estado de México que voto para renovar Gubernatura este 4 de junio; las marcadas asimetrías que incluso una semana previa hasta 20 puntos porcentuales de diferencia entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral no se reflejaron en la decisión; un contraste que computados los resultados por parte del árbitro Electoral mostró una diferencia de 5 por ciento. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que sólo 49 de cada 100 ejercieron su derecho político de participar en la Jornada Cívica.
Habida cuenta el antecedente lo que hubo en la entidad con la más alta población de votantes, a incertidumbre se suman indecisos, los reiterados abstencionistas, además ce quienes están impedidos por dogmas de credos religiosos.
Al entorno multifactorial se suma la injerencia de la delincuencia organizada que como el poder fáctico que representan igual juegan y tienen importante protagonismo.
Bajo el paraguas de la concurrencia electoral en las 32 entidades federativas con los Poderes de la Unión; Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones, los 236 días que distan para las votaciones serán de una literal turbulencia que exigen a las candidaturas a ser tácticos en sus estrategias antes adversidades.
El Instituto Nacional Electoral como organizador de la renovación de las Autoridades de Gobierno, Federal y Locales, enfrentan el desafío por realizar una robusta e inteligente campaña de promoción del voto y la participación ciudadana; intensa en medio de la complejidad por la trascendencia que representa un 2024 en el que ineludible cambiará la geopolítica nacional gobernante, inherente al rumbo que definirá la transición de mando en los tres niveles.
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