El abstencionismo es una realidad y no un fantasma que resta legalidad al resultado de una Jornada Cívica para renovar Autoridades de Gobierno, como el que avecina el 2 de junio de 2024, dada por el voto de la voluntad popular. Los partidos políticos coaligados y sus candidaturas mucho tienen y tendrán que ver si juegan limpio antes y durante las campañas de proselitismo entre el electorado.
Los jugadores en la puja por hacerse del cargo de la Presidencia de la República en la inseguridad de sus argumentos, aun teniendo esta vez un perfil competitivo, y su respectiva plataforma de compromisos, están tentados a incurrir en actividades que rayan en lo fraudulento, que inicia con pretender ensuciar al adversario. Lo reconozcan o no, es una realidad.
La competencia democrática debería ya tenerse procesada sobre el entramado de los Principios Rectores de «Certeza, Legalidad, Imparcialidad, Independencia, Objetividad, y Máxima Publicidad» vigentes desde la institucionalidad de un organismo a cargo de la función pública autónoma para organizar las elecciones, en 1990 cuando emergió el Instituto Federal Electoral transitado en 2014 al Instituto Nacional Electoral, y las instancias locales desde entonces reglamentadas.
Sería deseable que en democracia los contendientes, partidos políticos y sus candidaturas, desterrasen la mutua cultura de la desconfianza que les ha consumido, y en la madurez atreverse a jugar limpio habida cuenta que el voto popular se gana y se pierde con argumentos que hagan sentido con las respuestas a las demandas del colectivo social, no con frivolidades.
En el contexto de una competencia frontal las partes abonan a la legitimidad del resultado de unas elecciones concurrentes, federal y locales, que tiene como la principal de las posiciones a la Presidencia de la República, Senadurías, y Diputaciones Federales, 9 gubernaturas; además de alcaldías y/o congresos locales en todo el país.
El esfuerzo institucional del INE y Órganos Públicos Locales por lograr una efectiva «Campaña de Promoción del Voto y Participación Ciudadana», a reflejarse en la Jornada Cívica del 2 de junio de 2024, tiene todo que ver con la armonización de un genuino proselitismo limpio entre los jugadores a los 20 mil 064 cargos por renovar.
En la competencia leal al espíritu democrático se sustenta también gran parte del incentivo que deben aportar a los electores, para que, con una plataforma de compromisos conectados con la realidad encausada a un estatus de desarrollo social, por el cual se tenga la más alta participación ciudadana en el ejercicio de su derecho político constitucional de votar por sus gobernantes, Ejecutivos y Legislativos.
Los compromisos tienen que ser factibles de transitar a políticas públicas estructurales de programas sociales e infraestructura física para cimentar evidentemente soluciones que hallen eco en los satisfactores de bienestar, disminuyendo las asimetrías en la calidad de vida que beneficien con puntualidad a los de pobreza y pobreza extrema, con plenos derechos de inicio a la alimentación y salud.
Con el compromiso en campaña de coaliciones partidistas y sus candidaturas debe ir inherente el llamado sistemático al voto libre, precedido de tener la información precisa y su análisis que incentive a emitir en un voto en favor de una u otra opción, sin coerción de ninguna naturaleza.
El oficialismo en el ámbito federal y locales, independiente del color y filiación, debe mantenerse al margen de involucrarse en un acto republicano que sólo le corresponde decidir a los electores. Bajo este paraguas está prohibido hacer pronunciamiento alguno como ha solido ocurrir, además de movilizar la estructura gubernamental.
Jugar con el cuchillo entre los dientes puede llevar al precipicio de una indeseable anulación que en los cargos Ejecutivos se tienen bochornosos antecedentes: la gubernatura en Tabasco en 20000 y Colima por dos ocasiones, 2002 y 2015. En el sureño estado además hubo la consideración de violentar el cómputo de resultados electorales, por caprichos y consentimiento.
Para nada tiene ni debe ponerse en riesgo la renovación de la Presidencia de México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tendría argumentos para abstenerse si se dieran las insostenibles causales previstas en la Ley General de medios de Impugnación.
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