Cicerón afirmaba que para mantener la armonía y la concordia del estado, el deber y el poder serían los elementos que atomicen la constitución de un pueblo. Para conservar la estabilidad pues, se requiere este sano equilibrio en el Estado de derecho.
Limitar las funciones de la clase política y el poder público frente a la observancia del pueblo en el cumplimiento de esta, es en tiempos de la 4T el principal desafío de las instituciones. Recuperar la coherencia y racionalidad en la aplicación de justicia, responde sin lugar a dudas al reclamo de combate a la impunidad enarbolado por el gobierno de la transformación.
La desconfianza en la ley, en las instituciones del Estado, no ha sido ajena en el trópico después de lo que estimo como desastroso gobierno perredista de Arturo Núñez Jiménez y camarilla, tras el saqueo registrado a la entidad en el pasado inmediato.
Uno de los casos que han ocupado esta columna en anteriores entregas era lo que se consideraba impunidad y protección brindada al ex titular del Poder Judicial Jorge Javier Priego Solis, por el desvío de más de 104 millones de pesos detectado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.
De acuerdo al informe de resultados de la auditoria del último año de Núñez Jiménez con faltantes de más de cuatro mil millones de pesos, tan solo Priego Solís, encabezó un desvío al erario superior a los 100 millones en la compra de equipos para videoconferencias, bienes muebles e inmuebles desaparecidos, creación de categorías inexistentes y nóminas infladas.
La auditoria del OSFE determinó 36 hallazgos inconsistentes a la aplicación de recursos, de las cuales 5 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de diciembre de 2018. Los 31 restantes, en el ámbito de sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, procedió a su denuncia penal.
Luego de una muestra a 525 millones 675 mil pesos, que representó el 95.81%, de un universo de 548 millones del egreso devengado en las fuentes de recursos de Ingresos de Gestión, Participaciones Federales, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y Fideicomiso Financiamiento Interno del Tribunal Superior de Justicia, Priego Solís burló a la justicia en los últimos cuatro años.
Sin embargo, cuando todo ello parecería haber quedado en el olvido, el pasado 31 de enero, el juez cuarto de distrito en el estado de Tabasco, resolvió el juicio de amparo 1532/2023-1 en contra de la vinculación a proceso del ex titular del TSJ dentro de la causa penal 743/2024 del 16 de julio por el delito de "ejercicio ilícito de atribuciones y facultades".
Resolver no amparar, ni proteger a Jorge Javier Priego Solís, representa pues en términos reales la justa aplicación del imperio de la ley y abre la puerta para continuar con una cascada de 23 denuncias penales que se mantienen vigentes en contra de ex funcionarios del gobierno nuñista.
Tan sólo en 2018, la Secretaría de Finanzas, cuyo titular era Amet Ramos Troconis -ante quienes pensaban con su "fallecimiento" se terminarían las investigaciones- registró desvíos de 3 mil 490 millones de pesos; además de la Secretaría de Salud, con Rommel Cerna Leeder a la cabeza quien dejó un desfalco por 234.7 millones de pesos; y la Secretaría de Educación, con Ángel Solís Carballo con un desvío de 197.8 millones de pesos.
Representa esta resolución del poder judicial en Tabasco, no proteger a Priego Solís, para dar paso a una autentica lucha contra la impunidad.
Enrique Priego Oropeza, es factor crucial en esta cruzada para recuperar desfalcos sin lugar a dudas.
Kybalión.- Loco de contento dicen los que lo conocen anda el dirigente interino de Morena en Tabasco, Huachito Baños, luego de la confirmación del IEPCT para la entrega de 14 millones de pesos para los "chicles" de los "vino tinto" durante los próximos cinco meses, como parte de las prerrogativas 2024.
Enloqueció tanto, que ahora dicen no sale de Yucatán ¿Qué habrá por allá?
¡Mare lindo! ¡FO!