El voto es la expresión del sentido individual y colectivo por el que se eligen en voluntad popular a las Autoridades de Gobierno, Ejecutivas y Legislativas; sin embargo, los Partidos Políticos y del Congreso con representación en el Consejo General del INE asumieron en la Reforma Electoral implementar como aportación suya la urna electrónica en vez del papel. Un instrumento que por la cultura de la desconfianza le fue negado al Árbitro realizar verdaderas pruebas piloto vinculantes al resultado de la Jornada Cívica celebrada en junio de 2020, 2021 y 2022.
Los Actores Públicos, Congresistas y Partidos Políticos, privaron al electorado la oportunidad de socializar con el voto electrónico cuando al INE le permitieron 100 urnas y en 2 entidades; lo idóneo habría sido implementarlo en el 33 por ciento el universo total que superó los 165 mil puntos en el caso de los comicios de 2021, concurrentes lo federal y con los locales en las respectivas 32 entidades del país para gubernaturas, además de alcaldías y/o diputaciones. Era la ocasión ideal.
El hecho de que sólo se le permitiera Árbitro instalar sólo 100 urnas electrónicas que fue nada en las recientes 3 Jornadas Electorales no es parámetro alguno para que el Instituto Nacional Electoral contara con los parámetros que ayudara fortalecerle, a partir de identificar anomalías considerando las complejidades de una Jornada Cívica de gran magnitud.
Haber accedido a que el Árbitro llevara a cabo su Programa Piloto en junio de 2021 vinculante al cómputo de los resultados electorales, le habrían otorgado argumentos para implementar un modelo 100 por ciento confiable al elector.
El voto electrónico llegaría ya afianzado para el próximo 2 de junio de 2024 previsto para renovar a los Poderes de la Unión, la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, senadurías y diputaciones federales, teniendo otra vez las 32 elecciones estatales, entre las que habrá en contienda 9 gubernaturas, así como alcaldías y/o diputaciones.
Con la vigilancia de las Representaciones de los Partidos Políticos no tendría por qué dar lugar a la suspicacia entre estos y hacia el Instituto Nacional Electoral que tiene entre sus Principios Democráticos la Máxima Publicidad, de manera que si algo se procura es involucrar a la ciudadanía en los trabajos de la naturaleza electoral.
El Informe presentado el 3 de febrero de 2021 sobre las elecciones del 18 de octubre de 2020 en Hidalgo para alcaldes y en Coahuila para diputaciones ante el Consejo General, respecto de los resultados de la evaluación de las diferentes etapas de la instrumentación del voto electrónico se obtuvo que el nivel de confianza de la urna electrónica a nivel general, indica que a 7 de cada 10 encuestadas y encuestados le generó mucha confianza el dispositivo, a un 24.5 por ciento poca confianza y a 5.5 por ciento ninguna confianza.
Al 91% de la ciudadanía encuestada le resultó fácil usar las urnas electrónicas; y el 94.5% le tuvo de poca a mucha confianza su utilización en la elección.
Al 80% de la ciudadanía encuestada le resultó rápido el modelo de votación con urna electrónica; y el 85% le gustaría volver a utilizar las urnas electrónicas en las elecciones.
Además, el 92.87% de las y los presidentes y funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, las representaciones de Partidos Políticos y Observadores(as) Electorales encuestados igualmente se pronunciaron por urna electrónica en las votaciones. El 98.87% manifestó el deseo porque en los próximos procesos electorales fueran con urna electrónica.
Un instrumento del voto electrónico que tiene como precedente de uso a nivel país en Coahuila, para 2005, así como Jalisco y la Ciudad de México, ambos en 2009. En lo internacional Países Bajos en 1966, Estados unidos desde 1977, seguido por Brasil e India en 1982, sumado Alemania.
El INE documentó que el voto y urna electrónica fortalecen la aplicación de los principios de certeza, evita la intención del voto y su posible nulidad, constante en el escrutinio y cómputo en las mesas directivas de casilla en las secciones electorales. Una aportación adicional, reduciría el costo monetario de inversión.
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