No solo legisladores y opinión pública, al interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) se preguntan sobre el grado de omisión y complicidad de Alejandro Álvarez González, para proteger al ex gobernador Arturo Núñez Jiménez y asociados, presuntos responsables del saqueo a la entidad en la pasada administración.
Las voces inclusive de diputados de la actual legislatura, como Emilio Contreras Martínez de Escobar, a la par Presidente de la Mesa Directiva del congreso tabasqueño, contra la impunidad y protección brindada al ex titular del Poder Judicial Jorge Javier Priego Solís, es solo una prueba de ello.
El exhorto en tribuna para proceder por el posible desvío de más de 104 millones de pesos el ex titular del TSJ es hasta el momento una voz perdida en el desierto.
De acuerdo al informe de resultados de la auditoría del último año de Núñez Jiménez con faltantes de más de cuatro mil millones de pesos, tan solo el poder judicial de Priego Solís, encabezó un desfalco al erario superior a los 100 millones en la compra de equipos para videoconferencias, bienes muebles e inmuebles desaparecidos, creación de categorías inexistentes y nóminas infladas.
La auditoría del OSFE determinó 36 hallazgos inconsistentes a la aplicación de recursos, de las cuales 5 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de diciembre de 2018. Los 31 restantes, en el ámbito de sus atribuciones el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, pese a que anunció dar seguimiento de conformidad con la normatividad aplicable, lo mandó al cesto de los olvidos.
Priego Solís, no sólo dejó en ceros la cuenta del tribunal al 31 de diciembre de 2018, presentó pasivos por un monto de 662 mil 465.52, que corresponden a cuentas por pagar a Proveedores de más de 454 mil 451 pesos.
El Órgano alcanzó la revisión de una muestra 525 millones 675 mil pesos, que representó el 95.81%, de un universo de 548 millones del egreso devengado en las fuentes de recursos de Ingresos de Gestión, Participaciones Federales, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y Fideicomiso Financiamiento Interno del Tribunal Superior de Justicia.
Fue el mismo Alejandro Álvarez quien suscribió que el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a un ejercicio transparente del presupuesto púbico.
En diciembre de 2018, Álvarez González, suscribió ante el congreso local que el OSFE a través de la Dirección de Substanciación y Asuntos Jurídicos, en cumplimiento al mandato establecido, iniciaría los procedimientos para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria, toda vez que de los 113 millones 837 mil pesos observados, Priego Solís solo comprobó 9 millones 755 mil pesos, dejando sin solventar en términos exactos 104 millones 081 mil 667 pesos con 21 centavos.
La última aparición pública del ex magistrado, la realizó adquiriendo camionetas blindadas en una subasta del gobierno federal sobre bienes incautados; hoy, al igual que Núñez Jiménez, goza de cabal libertad para continuar burlándose de los tabasqueños y de la misma 4T, bajo la protección sistemática del OSFE y su inmediato responsable.
¿Se mantendrá la impunidad? ¿O es tiempo de darle aire al encubridor del señalado saqueo para poder resarcir el daño? Veremos
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