Cosa curiosa. Si hay quienes creen que en la cercana consulta nacional se decidirá en torno a las acciones a tomar para llevar a juicio a los expresidentes mexicanos de la era neoliberal, tienen que observar las declaraciones hechas por el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Cordova.
El árbitro electoral salió a hacer precisiones en torno a los objetivos de esta consulta pública que celebrará esa institución el próximo 1 de agosto.
En este primer ejercicio, según el INE, se preguntará en torno al SI o al NO (está de acuerdo el ciudadano) para “esclarecer las decisiones políticas del pasado” y no directamente por enjuiciar a los expresidentes del país. Bajo esa tesitura, el titular del INE pidió “no confundir” en torno a los propósitos de la consulta.
“Ojalá exista una convergencia de todos los actores políticos para que no se confunda a la ciudadanía. Si alguien espera que el INE pregunte otra cosa a los ciudadanos, no tenemos facultades para hacerlo”, refirió en sus declaraciones el árbitro electoral.
Originalmente, convocada por el Presidente AMLO, esta consulta pretendía preguntar si la ciudadanía estaba de acuerdo en enjuiciar por corrupción a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en la consulta la pregunta sería si se está de acuerdo o no en llevar a cabo “acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos”.
El llamado del titular del INE va en ese sentido: no generar confusión ni falsas expectativas. No hay que esperar resultados que, definitivamente no están contemplados originalmente en la determinación oficial de esta consulta. La pregunta es clara y bajo ese tenor los ciudadanos que concurran a participar en este ejercicio democrático podrán participar.
Siendo así las cosas, los expresidentes pueden estar tranquilos. La consulta, según se avizora, es como un ejercicio de ensayo respecto a cómo podrían hacerse este tipo de ejercicios constitucionales a futuro.
Es una consulta de generalidades donde podrán los ciudadanos expresar su acuerdo o desacuerdo en la decisión de que puedan “esclarecerse decisiones políticas del pasado” algo así como una especie de “comisión de la verdad” pero no más allá de un enjuiciamiento legal contra los expresidentes de la República.
Conforme a lo que oficialmente ha dicho el INE para la consulta estarán instaladas 57 mil mesas electorales en todo el país, una cifra mucho menor que las 163 mil que funcionaron en las elecciones intermedias. Y ese número menor, como consecuencia –según el Instituto— de la escasez de recursos financieros presupuestados para este tipo de ejercicios democráticos.
Entrelíneas…..
A propósito de consultas para enjuiciar a funcionarios del pasado, en Chiapas la dirigencia del partido Morena decidió abrirse de capa y exigir que en la consulta nacional se incluya también la decisión de juzgar a los últimos ex gobernadores de esa entidad: Manuel Velasco (2006-2012), Juan Sabines (2006-2012), Pablo Salazar Mendiguchía (200-2006) y los interinos Roberto Albores Guillén (1998-2000) y Julio César Ruiz Ferro (1995-1998). **** (altar mayor_@yahoo.com.mx)