Las oficinas del Poder Judicial de la Federación permanecen cerradas en varios estados del país desde el lunes. Los trabajadores del Poder Judicial, jueces y magistrados afirman temer por sus derechos, condiciones laborales y la carrera judicial que consideran podría afectar la reforma judicial que está en vías de aprobarse. Protestan contra la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que plantea la elección de juzgadores por voto popular, entre otras medidas.
Hay, en este asunto, interpretaciones diversas y opuestas. Todos, de una u otra manera tenemos que ver alguna vez en la vida con la administración de la ley.
Fueron los integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de México (JUFED), quienes estuvieron a favor de suspender sus labores por tiempo indefinido. A través de un comunicado informaron que por medio de una votación, mil 202 personas estuvieron a favor del paro y 201 en contra.
Desde la sede del Poder Judicial de la Federación (PJF) en San Lázaro, en Ciudad de México, se pronunciaron en resistencia, misma que, dijeron, durará hasta que el proceso de la reforma promovida por el gobierno federal sea detenido.
SUS ARGUMENTOS
"Nos encontramos en un punto de inflexión. Una reforma legislativa promovida por el presidente de la República y tramitada por una mayoría parlamentaria amenaza con socavar los pilares mismos sobre los cuales se asienta nuestro Estado de derecho", leyó en su discurso la directora de la JUFED, la jueza Juana Fuentes.
"Esta reforma amenaza la estabilidad de nuestra nación. Sin justicia independiente, las inversiones se verán afectadas, la confianza en las instituciones se desmoronará y los derechos humanos quedarán a merced de una maquinaria estatal centralizada y autoritaria", añadió.
Los trabajadores indicaron que solo se atenderán los casos de carácter urgente en materia penal, así como asuntos en los que se determine libertad de una persona o que represente algún riesgo a la vida.
En cambio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no se sumaron de momento al paro nacional.
La suspensión indefinida de labores aprobada por el PJF, que se ha extendido en al menos 29 estados del país, ha afectado a miles de casos por la interrupción de trabajos en los juzgados y tribunales y mientras los días pasen, se acumularán más.
LA CONTRAPARTE
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó como ilegítima esta huelga, por lo que envió un documento a la Secretaría de Gobernación y al Poder Judicial para pedirle al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que se suspendan los salarios de quienes no acudan a sus labores e incluso destituyan a quienes se mantengan en paro.
El documento también señala que el CJF no cumplió con su responsabilidad de conminar a los servidores públicos, sindicalizados, de confianza y a titulares de órganos jurisdiccionales a no generar un perjuicio grave a la sociedad en general, causada por la suspensión indefinida de sus actividades.
En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el movimiento de los integrantes del Poder Judicial es "ilegal", y aseveró que, en cierto modo, la suspensión de actividades judiciales será benéfica para las autoridades, porque no se otorgará la libertad a delincuentes "de cuello largo".
Respecto a la instrucción de Hacienda, el mandatario afirmó que: "Ellos saben que no pueden detener el funcionamiento del Poder Judicial, quien tiene que ver eso, a quien le corresponde atender este asunto es al Consejo de la Judicatura y tengo entendido que se reunieron y no llegaron a nada, porque el Consejo de la Judicatura, la presidenta del Consejo de la Judicatura es la señora Piña", mencionó en referencia a Norma Lucía Piña Hernández, quien está en el cargo desde enero del 2023 y con quien el Ejecutivo Federal ha tenido serias diferencias.
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López Obrador indicó que los trabajadores "tienen todo el derecho de manifestarse" y que su gobierno no los reprimirá. Sin embargo, les pidió que se autocritiquen y que no caigan en la autocomplacencia, insistiendo en que la reforma al Poder Judicial no afectará sus condiciones laborales.
NUBARRONES DIPLOMÁTICOS
Pero el tema rebasa ya las fronteras. Es una prueba importante para el gobierno mexicano y en especial para López Obrador quien ayer respondió a una desafortunada declaración de embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar que dijo que la reforma al Poder Judicial pondría en riesgo la democracia y la economía, así como las relaciones con EEUU.
AMLO puntualizó que el tema "es de carácter estrictamente interno del Estado mexicano", por lo que la actitud se Salazar –con quien hasta ahora existía un trato cordial- "representa una acción inaceptable de injerencia, contraviene la soberanía de los Estados Unidos Mexicanos y no refleja el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre nuestros gobiernos". El tono en ambos gobiernos irá subiendo según parece.