DESDE HACE diez años, por lo menos, diversos gobiernos han tenido dificultades para cubrir la nómina de sus empleados, en el orden estatal y municipal; lo mismo ocurre en las universidades públicas. El caso más reciente es el de Colima, donde el gobernador saliente Ignacio Peralta (PRI) suspendió el pago de la segunda quincena de julio a los trabajadores del servicio público “por falta de recursos”. En aquella entidad el primero de noviembre asumirá el relevo Indira Vizcaíno (de Morena), ganadora en las recientes elecciones, quien heredará una crisis presupuestal.
Esto lo vimos ya en Tabasco al término del gobierno de Andrés Granier (2012) y al concluir la administración de Arturo Núñez (2018), aunque por circunstancias diversas. En los dos casos hubo problemas para el pago de servicios y salarios, con el incremento de la deuda pública.
En este sentido, luego de que el gobernador tabasqueño Adán Augusto López habló de un “boquete financiero” de unos cuatro mil millones de pesos, su secretario de Administración, Óscar Palomera Cano, aseguró que los 37 mil 100 trabajadores del Gobierno del Estado tienen garantizados sus pagos. Hay presupuestada una bolsa de aproximadamente dos mil millones de pesos, señaló.
CADA VEZ DEBEN MÁS
AL DECLARAR como prioritario el pago a los empleados públicos, el presidente López Obrador comentó en relación a Colima: “Se trata de resolver el problema y sobre todo el pago a los trabajadores, porque el salario, de acuerdo a la Constitución, no se debe de retener a nadie”.
Anunció recursos adicionales para el pago de salarios a cuenta de participaciones federales.
Lo de Colima es el anticipo de una cuestión que habrá que atender el gobierno federal en casi todo el país. Recordemos que la crisis de la deuda en los estados y municipios se hizo pública a finales del sexenio de Felipe Calderón, complicándose durante los seis años de la administración de Enrique Peña Nieto. Pero también, desde mucho antes, el sector público mexicano padece lo que para algunos es una perversión presupuestal: el ochenta por ciento o más de los recursos se destinan al pago de la nómina y el gasto corriente; una mínima parte se dispone para inversión.
Un reciente reporte del Senado de la República (marzo de 2021) indica que los estados que presentaron un mayor endeudamiento per cápita son: Nuevo León, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila, y la Ciudad de México.
De acuerdo al análisis legislativo los estados que tienen más comprometidos sus recursos por la relación de su deuda respecto de sus participaciones federales son: Nuevo León con 194.9 %, Chihuahua con 179.3%, Quintana Roo con 174.3%, Coahuila con 170.9% y Sonora con 112.7%. Esto es, deben más de lo que esperan recibir.
Pero también hay entidades que lograron un mejor control de sus gastos y todavía no han sacrificado tanto sus recursos a futuro: Guerrero con 21.5%, Guanajuato con 18.7%, Puebla con 15.7%, Querétaro con 1.6% y Tlaxcala con 0.2%. Tabasco se ubicaría en el rango de Guerrero.
Un dato interesante aportado por el Instituto Mexicano para la Competitividad es referente a los municipios. En la deuda municipal se observa que los “50 municipios más poblados del país, con una población promedio de 857 mil 450 habitantes, acumularon más del 58.1% de la deuda municipal total. Mientras que 573 municipios, con una población promedio de 62,555 habitantes, contrataron el resto de la deuda pública municipal. Sin embargo, 1 mil 821 municipios no contrataron o reportaron deuda pública”. (Hablemos de deuda en los estados, mayo 2021)
Estados como Tlaxcala, Querétaro y Puebla, han mostrado que es posible mantener una dinámica de servicios sin comprometer en exceso los recursos; cientos de municipios en el país también se ubican en cero deuda, aunque en muchos casos sí han sacrificado sus funciones.
Como le mencionaba, lo de Colima es apenas el adelanto de que sin duda veremos en los meses próximos y que deberá atender el gobierno federal.
GARANTIZAR LA LIBERTAD
EN UN HECHO inusitado un grupo delictivo amenazó públicamente a la periodista Azucena Uresti así como a tres medios de comunicación: Milenio Multimedios, Televisa y El Universal. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su solidaridad con Uresti, así como con los periodistas, condenó el mensaje intimidatorio y dio instrucciones a la Secretaría de Gobernación para que proteja a la informadora. El lunes, el vocero presidencial Jesús Ramírez sostuvo que las libertades democráticas y el derecho a la información están garantizados por el gobierno, de manera que se tomarían las medidas de protección necesarias.
La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) se unió a las diversas voces pidieron al gobierno mexicano que tome en serio las amenazas y responda de inmediato con “todas las medidas de seguridad necesarias”. De acuerdo a una serie de testimonios de RSF la actitud amenazadora del llamado Cartel Jalisco Nueva Generación –al que se atribuye la amenaza- es la reacción a una serie de reportajes sobre el grupo criminal de la región de Tierra Caliente (Michoacán), en especial en el municipio de Tepalcatepec. De aquella zona, miles de familias han tenido que emigrar por los enfrentamientos entre grupos armados.
Compartimos nuestra solidaridad con Azucena Uresti así como con los medios de información coaccionados. Sin duda que la respuesta del Estado mexicano tiene que ser oportuna y eficaz para proteger a los comunicadores, pero también a los pobladores de esa sufrida región michoacana. (vmsamano@hotmail.com)