Hasta nuestros días se sigue afirmando que los recursos monetarios con los que se fundó el Instituto Juárez provinieron de los bienes expropiados a la Iglesia por el gobierno de Juárez. Diversas publicaciones, sin citar fuentes, así lo repiten. Sólo repiten lo que afirmó Simón Sarlat, gobernador de Tabasco, en el discurso inaugural del Instituto aquella noche del primero de enero 1879.
Simón Sarlat dijo entonces que "En el año de 1861 durante la administración del señor Victorino V. Dueñas, la diputación de Tabasco, siguiendo sus instrucciones, se dirigió al ilustre presidente Benito Juárez pidiendo de los bienes nacionalizados la suma de 52,000 pesos para el establecimiento de un instituto de enseñanza superior en el Estado". Y luego agregó: "Desgraciadamente la guerra de intervención y del imperio vino a paralizar la obra intentada. Después señores, la eterna rémora de todo progreso, nuestras disensiones políticas han impedido durante mucho tiempo continuar la obra".
Precisamente el año de 1861 en que, según Sarlat, Victorino Dueñas le hizo la petición a don Benito Juárez, ese mismo año, el 27 de julio, el Benemérito declaró la moratoria del pago de la deuda de México: se declaró insolvente de pago ante los usureros acreedores de Inglaterra.
Juárez quizá pudo haber tenido buenas intenciones, pero las circunstancias económicas y políticas, internas y externas, no le daban margen para ayudar a nadie: tenía encima a los dos grandes imperios, Inglaterra y Francia y al ambicioso y poderoso expansionismo yanqui. Además, había recibido un país dividido, con una economía en ruinas, endeudada, los pocos ingresos que producían las minas de plata ya estaban comprometidos con los banqueros usureros de Londres. Repito, ese año de 1861 en que se supone que Dueñas pidió el apoyo, Juárez se declaró en quiebra, insolvente de pago.
Con ayuda del método de la Ciencia de la Historia, disciplina que se enseña actualmente en la hoy festejada Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, logramos probar que los recursos con los que se fundó el Instituto Juárez provinieron de los fondos del Extinguido Nuevo Impuesto: este Nuevo Impuesto data de los años de la piratería que asoló a la región a mediados del siglo XVII.
A mediados de ese siglo, las invasiones de los piratas en la región cobraron gran fuerza y violencia. En marzo de 1677, desde Astapa, Diego de Loyola, alcalde mayor, le escribió a Fray Payo de Rivera que las arremetidas piráticas habían cobrado tal fuerza y violencia que los habitantes, indios y españoles, huían hacia el interior, buscando refugio en Chiapas.
Las zonas más afectadas eran Jalpa, Amatitán, Ayapa y Cupilco. En estos lugares secuestraban indios, indias, mestizos y mulatos para esclavizarlos en el corte del palo de tinte o para venderlos en pública almoneda en La Laguna (hoy Isla del Carmen) o en Jamaica. En ese año de 1677 la población de la provincia disminuyó considerablemente, Villahermosa desapareció casi por completo y los poderes se tuvieron que trasladar a Tacotalpa.
Ante la necesidad de pagar protección y financiar una milicia con ese fin, y con la aprobación del Virrey, de manera voluntaria crearon un nuevo impuesto. Pero este nuevo impuesto, hecho costumbre, se siguió cobrando años después, hasta 1738, año en que ya habían cesado las invasiones de los piratas y, por ello mismo, desaparecido las causas por las que se había creado ese impuesto. (Mañana concluiremos esta referencia a los recursos de financiamiento de la fundación del Instituto Juárez)