SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE
En México, tras la elección como presidenta de la Suprema Corte de la magistrada Norma Piña, abiertamente el poder judicial ha intentado bloquear a los otros dos poderes, el ejecutivo y el legislativo. Llegando hasta lanzar a sus empleados como porros para invadir y amedrentar violentamente a los miembros del poder legislativo; luego de ya, en meses anteriores, haber echado atrás las más importantes decisiones de este poder y de llevar los ministros un sexenio violando la Constitución ganando sueldos superiores al del Presidente y con megaprestaciones multimillonarias. Para ello sin pudor ni recato se concedieron ellos mismos un amparo.
Sin mencionar la liberación de fondos de un importante exfuncionario procesado en Estados Unidos, la protección a grandes evasores de impuestos, la liberación de notorios dirigentes de la delincuencia organizada, el tortuguismo en el mayor caso de corrupción del siglo, el caso Odebrecht, y la exoneración exprés en un día de acusados de peculado como Rosario Robles o los implicados en el caso CONACYT.
Es demasiado evidente que la Suprema Corte de Justicia ha lidereado un intento permanente de golpe de Estado. Y dicen defender la democracia cuando desconocen la votación del 2 de junio (36 millones de votos a la Reforma Judicial), y se oponen a las elecciones de los jueces y magistrados del poder judicial. De la misma manera en su momento este grupo político se opuso a participar en la más democrática de las acciones: la votación por la revocación de mandato (a pesar de eso tanto las elecciones de 2021 y del 2024 han funcionado como referéndums de aprobación al actual gobierno).
Cuando AMLO comenzó a aplicar sus reglas de austeridad e imponer el nuevo funcionamiento de las oficinas públicas parecía estar siguiendo las recomendaciones de Octavio Paz en el Ogro Filantrópico. Pero ahora, en sus propuestas de reformulación del poder judicial parece está siguiendo a Michel Foucault cuando se enfrentó al sistema judicial y penitenciario de Francia en los 70. Además, como propuso Antonio Negri la receta es apoyarse en el Poder Constituyente: se trata de devolver la soberanía al pueblo mediante sus capacidades constituyentes, que en México están reconocidas desde la Constitución del 17 en su artículo 39.
El panorama de este siglo en América Latina, como resultado de los procesos neoliberales, es el de la confrontación de una mayoría desposeída cuyo único poder es el del voto, donde siempre es mayoría; confrontada con una minoría oligárquica propietaria de tierras, negocios, bancos, escuelas y medios de comunicación, que trabaja como empleada o socia minoritaria de las corporaciones multinacionales apoyadas por el imperialismo de Estados Unidos. Lorenzo Córdova acaba de declarar que el poder judicial es la última barrera contra el poder. Le faltó agregar que contra el poder popular, el poder democrático del voto universal. Si hace 100 años México realizó la primera revolución social, hoy es ejemplo de cómo romper el bloqueo a la democracia que significa este tipo de poder judicial mediante el arma del pueblo: los votos y la inclusión.
El zafarrancho vivido en el Senado el martes 10 de septiembre recuerda a los ocurridos en los años 20 del siglo pasado, cuando los políticos reaccionarios intentaban evitar la aplicación de la Constitución en defensa de los latifundistas nacionales, clericales y extranjeros y las compañías petroleras extranjeras. (*Profesor investigador CRIM UNAM)