La reforma al Poder Judicial ya pasó la primera línea de acotamiento: aprobada en lo general, ahora avanza ya hacia el análisis legislativo en lo particular.
La iniciativa, impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, plantea –en uno de puntos— la elección mediante el voto ciudadano de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir del 2025.
También contempla la reducción de dicha institución al igual que la creación de un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina.
El siguiente paso, después de su aprobación en la Cámara Federal de Diputados es el análisis en el Senado de la República donde, seguramente el debate será más intenso en estos últimos días del sexenio lopezobradorista.
Pero todo parece indicar que la reforma va! Eso ya nada lo detiene. No obstante, inclusive, las protestas y movilizaciones sociales que se han estado dando en las últimas semanas tanto de trabajadores, jueces o magistrados del Poder Judicial como de segmentos sociales importantes como los estudiantes de distintas universidades.
La reforma va!. Y el punto más polémico, según los analistas políticos, es la elección popular de más de 1600 cargos judiciales entre ministros de la SCJN, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados de circuito y jueces de distrito. Según se ha dicho, estas elecciones se llevarían a cabo de forma escalonada en dos fases: mientras en 2025 se elegirían tanto a los ministros de la Suprema Corte, como los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, del nuevo Órgano de Administración y a la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito; en 2027 se culminaría con la mitad restante. Dichos procesos serían organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Pero además, el proyecto de reforma pretende reducir a nueve los ministros que integran la Suprema Corte, hoy compuesta por 11 integrantes. La presidencia de la Corte, afirma el documento, será renovada cada dos años de forma rotatoria, determinada por el número de votos obtenidos por cada candidatura y los ministros electos permanecerán en su cargo ocho, 11 y 14 años, en función del número de votos obtenidos por cada uno: los más votados se mantendrán en el cargo durante un periodo mayor. Los ministros en funciones que no resulten electos en 2025 no serán beneficiarios del haber por retiro, una pensión vitalicia que incluye aguinaldo, seguro de vida, prima vacacional y bono por riesgo. Como colofón, la reforma plantea que ningún ministro, magistrado o juez podrá ganar un salario mayor al del presidente.
En cuanto a los jueces y magistrados, la reforma plantea un periodo de nueve años en el cargo, con la opción de presentarse a una reelección consecutiva. Los requisitos para aspirar a estos cargos judiciales, incluyen tener un título profesional en Derecho y un promedio de ocho a nueve en las materias afines, tener experiencia de al menos cinco años en la actividad jurídica, además de entregar ensayos y cinco cartas de referencia entre vecinos y colegas, que respalden su idoneidad para el cargo.
Así las cosas, el asunto todavía da para más. Los dimes y diretes entre los actores políticos y líderes u organizaciones sociales en alusión al tema de la reforma judicial seguirán en el escenario nacional en las próximas semanas y, obviamente, puede propiciar turbulencias económicas como –por ejemplo-- el deslizamiento del peso, nuestra moneda mexicana, ante la paridad del dólar.
Aguas con las reacciones en los mercados financieros, suelen advertir algunos, en estos días. (altar_mayor@yahoo.com.mx)