Un listado nominal, con corte al 13 de enero, de 93 millones 640 mil 032 electores son rehenes y podrían muchos abstenerse de participar en las votaciones del 2 de junio de 2024, abrumados por la polarización de un «Plan B» que reforma a las Leyes Electorales que castran a la democracia inscrita en el artículo 41, Base V, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en opinión de este columnista.
Considero que la carencia inicial de certidumbre y sustento legal abrirían el paso libre de un innecesario riesgo absoluto con las implicaciones inhrerentes para unas macro elecciones, las más complejas en la historia del país para renovar por mandato constitucional en voluntad popular a 2 de los 3 Poderes de la Unión, la Presideccia de la República y el Congreso de la Unión, Senadurías y Diputaciones Federales.
Además, en concurrencia se votarán 9 gubernaturas, así como alcaldías y/o legislaturas en las 32 entidades del país. Para ser exactos, 2 mil 317 presidencias municipales más las 16 Alcaldías de la Ciudad de México; excluyendo las 84 de Hidalgo y 36 de Durango. Igual habrá la elección de Legisladores en 30 Congresos, exceptuados Coahuila y Quintana Roo.
Qué confianza podrá inspirarle al elector ir a votar por sus próximo gobernantes del ámbito federal y local, Ejecutivos y/o Legislativos, en medio de un eventual caos que avecina, al no tenerse las condiciones de libertad de conciencia. Un entono contraste desde que en 1996 se decretó la autonomía del Sistema Electoral, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que el «Plan B» tiene la perniciosa intención de derribarlo.
El Pleno de los 11 Ministros de la Suprema Corte de Justicia ede la Nación, depositario del control de constitucionalidad, tendrá que pronunciarse en favor de otorgar la razón a las Acciones de Inconstitucionalidad por el «Plan B» de reformas a las Leyes Electioralers.
Optar la Corte por lo contrario sería cómplice corresponsable de una eventual anarquía derivada en violencia electoral y poselectoral, con las consecuencias que desde ahora se puedan tener con el desmoronamiento del principal de los contrapesos democráticos, el Sistema Nacionañl de Elecciones.
Los Ministros de la la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán que asumir como representantes del Poder Judicial, el más importante en el equilibrio de la «División de Poderes». La sentencia debe ser unánime ante una insostenible reforma a las Leyes Electorales.
En el contexto de invertirse la paridad el 37 por ciento de abstencionismo y 63 por ciento de quienes sí votaron en julio de 2018, sería el signo inequívoco que restará legitimidad, habida cuenta que entre los entes públicos los partidos políticos y sus integrantes, son los primeros repugnados por la población muestreada en las encuestas que realizan las empresas dedicadas a los estudios opinión pública.
El INE bajo este paraguas no podría declarar el inicio del Proceso Electoral Ordinario Federal 2023-2024, previsto durante la primera semana de septiembre próximo, sin los Principios Rectores de «Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Objetividad y Máxima Publicidad» que de naturaleza constitucional le rigen.
No habría condiciones para el Proceso Electoral Ordinario, federal y los 32 locales, sin el entramado del Servicio Profesional Electotral Nacional, sin una estructura organizacional que incluyen al Órgano Técnico de Fiscalización y sin la Dirección Ejecutiva de lo Contencioso Electoral que además tiene adscrita la Oficialía.
El árbitro no podrá organizar las elecciones sin el presupuesto requerido para llevar a cabo las actividades preparatorias, involucrando la selección y capacitación de los funcionarios de las mesas directivas de casilla y la Jornada Electoral, sumando la campaña para mantener actualizados el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores.
Desde mi punto de vista, el desmembramiento del Sistema Electoral, que incluye al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, enfrenta una serie amenaza ya normalizada, incluyendo la ciberseguridad resguardando al Registro Federsal de Electores, al Conteo Rápido y al Programa de Resultados Electorales Preliminares.
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