La opinión pública se encuentra enfrascada en debates tan innecesarios como inútiles, a pesar de que estamos a unos cuantos días de que el presidente rinda su tercer informe. Son momentos éstos en los que la tanto la atención del gobierno como de la ciudadanía deberían ocuparse de evaluar el proceso del actual gobierno para sopesar eficiencia y eficacia gubernamentales. Y, sin embargo, la posible convocatoria para la revocación de mandato y las acusaciones en contra de Ricardo Anaya, se han convertido en los temas dominantes de la agenda pública. No sorprende. Desde el inicio de esta administración, la elección de temas que favorecen la polarización ha sido práctica habitual del presidente en sus conferencias matutinas. Es claro que para el presidente gobernar significa primar la oralidad y el enfoque en un personaje, él, personaje que encarna el espíritu nacional e ilumina la vía correcta hacia la historia con H mayúscula.
Cuando están por cumplirse tres años del mandato presidencial, asuntos como la violencia, el empoderamiento de las bandas criminales, el manejo de la pandemia, el deterioro creciente del sistema de salud, el incremento de la población en pobreza y la corrupción, entre otros muchos, tendrían que ser considerados prioritarios. No lo son.
Revisemos, en esta ocasión, los datos relativos a la violencia en el país. Según datos del INEGI, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes se ha mantenido en 29 durante los últimos tres años. Esta tasa es altísima si se tiene en cuenta que el promedio mundial es de seis homicidios por cada cien mil habitantes, según documentos publicados por la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito. El dato se torna más preocupante si lo ubicamos en las tasas de los países con las 25 economías más grandes del mundo. El promedio de homicidios de esas economías es de 5 asesinatos. Sin embargo, si de esa lista eliminamos a Brasil, la economía número doce, a México, la quince y Nigeria, la veinticinco, ese promedio se reduce a 1.3 homicidios por cada habitante. En esas veinticinco economías, sólo Nigeria, con 35 homicidios, supera a México, apenas por encima de Brasil, en la que la tasa de homicidios es de 27. El argumento de que la violencia es producto del neoliberalismo se debilita pues todas esas economías son neoliberales. Llama la atención que las dos economías latinoamericanas incluidas en la lista presenten altas tasas de criminalidad. Si añadimos que nuestras tasas de violencia son más próximas a las de los países centroamericanos, de las cuales sólo la de El Salvador (con 52 homicidios) es mayor a la mexicana, la fotografía de nuestra realidad resulta alarmante.
Otros datos ayudan, aún más, a entender la gravedad del asunto. Según estadísticas del mismo INEGI, la tasa de homicidios en 2009 fue de 18 por cada cien mil habitantes y registró un incremento, en 2010 a 23 y a 24 en 2011, pero descendió en 2013 a 19 y para 2014 a 17. El incremento más fuerte corresponde a los tres últimos años. Está claro que los altos niveles de violencia están asociados al empoderamiento del crimen organizado y a las fallidas políticas públicas de seguridad de los gobiernos federales de este siglo. Por eso es impostergable que el tema sea abordado no sólo por el gobierno sino por la sociedad toda. ¿Por qué hemos alcanzado esos niveles de violencia? ¿Por qué no ha sido posible frenar el crecimiento del poderío del crimen organizado? ¿Por qué la tasa de violencia de México se asemeja a la de los países con economías menos desarrolladas a pesar de ser la economía número quince del planeta? Estudiosos del mundo sobre asuntos de la criminalidad han apuntado que la violencia prolifera en países en los que la corrupción y la impunidad permean la vida política y social. ¿Qué hacer para detener esto? Partidos de oposición han denunciado ante la OEA la presencia del crimen organizado en las últimas elecciones. Así, son altas las probabilidades de que las bandas criminales tengan injerencia en la próxima elección presidencial.
Los números no mienten. Efectivamente, Felipe Calderón se equivocó al enfrentar al crimen organizado con una perspectiva estrictamente militar. También fue equivocada la estrategia peñista de bajar la intensidad a la guerra. Pero sin duda, el dejar pasar, el abrazar y no enfrentar, el liberar a sicarios para evitar muertes tampoco está surtiendo efecto. Es tiempo, ya, de tomar en serio el tema de la violencia. Hay que revertir esta tendencia hacia la destrucción. Esto, por supuesto, es mucho más importante que invertir dinero y desviar la atención hacia si debemos acudir a las urnas para no otra cosa sino para ofrecerle la oportunidad al presidente de regodearse en su popularidad o hacia si Ricardo Anaya es un delincuente, un perseguido político, un oportunista o un poco de todo.