Imposible no sentir -como mexicana o como mexicano- dolor, indignación y vergüenza, ante la muerte de 40 personas de distintas nacionalidades que, en busca de trabajo y de una vida mejor, después de cruzar nuestro territorio de sur a norte, pretendían entrar a los Estados Unidos.
Les cerró la puerta esa a la que veían como "la tierra prometida" y aquí, en este país de migrantes, vaya paradoja, encontraron la muerte. Nadie merece ese destino.
Producto del clamor de justicia de las grandes mayorías, acostumbrados a alzar la voz junto a las víctimas, a luchar a brazo partido, durante décadas, contra un régimen criminal, Andrés Manuel López Obrador, su movimiento y su gobierno no han callado ante la tragedia; tampoco cerrarán los ojos ni se cruzarán de brazos.
De frente y hasta donde tope habrán de llegar, estoy seguro, para que se conozca toda la verdad y se haga justicia.
Y es que México tiene, ahora, una deuda más con nuestros hermanos migrantes de centro y Sudamérica y con sus familiares y compatriotas.
Testimonio de que nuestra patria se transforma pacífica, democrática y radicalmente hemos de dar enfrentando y asumiendo, como no lo hicieron antes los gobiernos del PRI y del PAN, las responsabilidades que, en estos hechos terribles, como país, como ciudadanos y como gobierno nos correspondan.
Votamos en 2018 por un cambio de régimen y en esa tarea estamos empeñados. Aún no termina de nacer el nuevo régimen mientras que el viejo se resiste a morir.
Tragedias como esta nos muestran la urgente necesidad de profundizar y cuidar la transformación; ahí donde subsisten los viejos usos y costumbres -en servidores públicos e instituciones- ha actuarse sin contemplaciones de ningún tipo.
Si migrar no es delito, como lo ha dicho una y otra vez López Obrador; ¿por qué entonces el INM tenía detenidos a estas y estos migrantes?
A responder esta pregunta capital y deslindar responsabilidades tanto de los funcionarios a cargo de la política migratoria como la de los responsables del centro de detención y de sus custodios. A revisar los protocolos de actuación y de protección civil en ese y otros centros similares en el país se abocan ya -y deben hacerlo con firmeza ejemplar- el gobierno federal, las instancias de procuración de justicia y de defensa de los Derechos Humanos.
Mienten los opositores y los líderes de opinión a su servicio que, hacen un uso político de la tragedia, cuando intentan comparar este hecho con la Guardería ABC o con Ayotzinapa.
Tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto, son, ya que encubrieron a los responsables de esos dos crímenes de Estado y trataron de impedir que se conociera la verdad y se hiciera justicia, corresponsables de los mismos.
Y mienten aquellos que en Washington y con propósitos electorales se han dedicado a incentivar, a financiar incluso caravanas migratorias y a infiltrar en ellas a provocadores para que detonen actos violentos y organicen motines.
Mienten cuando se fingen aterrorizados por la muerte de esas y esos que vienen de lo que consideran sólo su "patrio trasero", el escenario de sus fobias anticomunistas, de su ambición de dominio, el frente de guerras eternas que alimentaron sin pelear.
Mienten cuando lamentan la pérdida de migrantes que, consideraron siempre, prescindibles, desechables y que son parte del incontenible Tsunami migratorio que, se estrella irremediablemente ante esa frontera, que con muro o sin él, está sellada.
Seguirán viniendo migrantes del sur. Seguirán migrando nuestros compatriotas al norte. A ellas y ellos nos debemos. No podemos fallarles de nuevo. Tarea primordial de la Transformación ha de ser garantizar que tragedias como ésta ni queden impunes, ni vuelvan a repetirse.