*Autoridades deben de dejar de mirar a otro lado y atender la seguridad
*Un gobierno debe asumir su obligación con la seguridad pública
*Dejar crecer a los poderes al margen de la ley, el mayor peligro
LA OPERACIÓN Enjambre –captura de autoridades coludidas con el crimen organizado, a partir de carpetas de investigación y labor de inteligencia- es acción de gobierno que requería concentración de poder (para coordinar el operativo con sigilo) y legitimidad democrática. La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum ejecutada por Omar García Harfusch y su equipo, muestra que –si se quieren resultados en seguridad- no deben anunciarse y debatirse en los medios cada paso que se dará. Se descubre el pastel y los pájaros vuelan.
La seguridad requiere discreción, pero estricto apego a la ley. Tampoco puede haber gobierno desorganizado y desarticulado, frente al crimen organizado y con redes que no sólo han copado varios espacios institucionales, sino que se extienden más allá de las fronteras. Los cárteles son ya grupos transnacionales.
Este ejemplo, el del operativo Enjambre, muestra un cambio decisivo de la gestión pública: la concentración legítima de poder activada en el nuevo gobierno toma caminos delicados y quizás inevitables, para enfrentar problemas añejos. Habrá debate sobre derechos humanos –sigue la polémica de víctimas y victimarios- y, en junio de 2025, expectación mundial por el rumbo jurídico que tomará México al concretar la primera fase de la Reforma Judicial. Para la oposición, la operación Enjambre y la Reforma Judicial "son acciones autoritarias y apuntan a la instauración de una dictadura" (Héctor Aguilar Camín y otros críticos del gobierno actual).
La 4T revira: ¿y las urnas?
En este camino, cabe destacar el anuncio de una medida a la que obligaba el sentido común pero por razones e intereses varios no se concretaba: la estrategia regional de seguridad con la coordinación de los gobiernos de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De acuerdo a lo expresado por Javier May, mandatario tabasqueño, las autoridades de estos ocho estados tomarán decisiones conjuntas en cuestiones de inteligencia, tecnología, inversión y capacitación policial.
Ya se sabe que uno de los puntos débiles de la seguridad en los estados es la descoordinación, y hasta choques, entre los organismos policiacos de cada entidad federativa. Otros puntos que habrá que atender son la dispersión y debilidad de las policías municipales, así como la falta de colaboración entre autoridades federales, estatales, municipales y comunitarias. Tienen que encontrar los mecanismos para que la autonomía y soberanía constitucional no sean un recurso que proteja a los delincuentes y no a la población de paz.
PODER DISPERSO, NO
LA DEMOCRACIA, como régimen de gobierno, con la pluralidad de opciones políticas generó lentitud en la toma de decisiones. Esto ocurrió gradualmente, conforme el espacio público de debate se hizo más complejo en el siglo XX y, ya no digamos, en el siglo XXI. La pluralidad de voces, en sentido positivo, trajo defensa de libertades ciudadanas y respeto cultural por el otro. Inclusión de voces comunitarias que antes no valían socialmente y eran ignoradas, aunque tomaran la voz.
En sentido negativo, esa pluralidad muchas veces retrasa o cancela acciones de gobierno. Se planteó ya en estas páginas: la multiplicación de actores políticos, el exceso de deliberación pública y la burocracia laberíntica (demasiado papeleo en oficinas fantasma) se convirtieron en obstáculos para la acción gubernamental de atención a problemas. Y también en pretextos para la impunidad.
La concentración de poder requiere visualizarse como rechazo ciudadano a la parálisis gubernamental. Es decir: el siglo XXI, en los regímenes democráticos, pasó de elecciones muy cerradas, donde tiene que negociarse todo, a elecciones con resultados holgados, para que el gobierno constituido tenga margen de acción y pueda cumplir con la agenda prometida. En este sentido, la concentración de poder en las democracias del siglo XXI no parece rasgo autoritario sino la expresión ciudadana –voluntad plasmada en las urnas- para el gobierno verdaderamente gobierne. De ahí proviene la legitimidad democrática de un gobierno.
Sobre todo porque hay que tomar en cuenta que los estados democráticos enfrentan a una paradoja: las libertades permiten también el surgimiento de poderes de hecho (fácticos) que le disputan las decisiones a los gobiernos legales y legítimos. Peor aún, esos poderes de hecho pueden conducirse fuera de la ley (o modificar la ley mediante presiones y complicidades), o más peor –diría la expresión popular-, surgen grupos abiertamente criminales que le pelean territorio y espacios de control (económico y político) al pueblo. ¿Debe el Estado cruzarse de brazos o rendirse?, ¿renunciar a su obligación fundamental que es garantizar la seguridad a las personas?
AL MARGEN
LA DECISIÓN del gobierno estatal después de lo sucedido en uno de los bares de Villahermosa, con saldo de muertos, heridos y normatividad violada, fue clara: las fuerzas de seguridad –de todos los órdenes- están obligadas a cuidar que se cumpla la ley y se garantice la convivencia civilizada de los pobladores. No sólo son los horarios de operación de bares y cantinas, también la prohibición de consumir bebidas embriagantes y escandalizar en la vía pública. Quien no puede lo menos, no podrá lo más. (vmsamano@hotmail.com)