*Por fin el “borrón y cuenta nueva”, junto con ajuste de cobros
*El no pago: de la acción de protesta al reflejo de una realidad
*Toca a los tabasqueños hacer su parte, señala Adán Augusto
A MEDIADOS de los años ochenta (1986), Luis H. Álvarez inició en México la resistencia civil, de larga tradición en la luchas sociales. Lo hizo contra el fraude electoral en la contienda por la gubernatura de Chihuahua. Casi una década después, Andrés Manuel López Obrador llamó a otras formas de resistencia civil para “limpiar” las elecciones de 1984, proceso en el que compitió contra Roberto Madrazo. Recuerdo que eran días en los que la oposición en Tabasco enfrentaba la cerrazón de autoridades y sólo recursos radicales le daban espacios de negociación.
Mucho se ha discutido sobre la diferencia entre “resistencia civil” y “desobediencia civil”, en cuyos límites se movió durante su presencia opositora el actual presidente López Obrador. Siempre mantuvo la definición de “resistencia no violenta”, con acciones políticas para no colaborar con las autoridades que consideraba ilegítimas. El “no hacer” fue una herramienta central, concepto que en la actual circunstancia cobra importancia frente a la decisión de “sí hacer”: no pagar y sí pagar. Lo veremos más adelante.
En la época moderna, los referentes históricos de la “resistencia no violenta” fueron tomados de la experiencia de M.K. Gandhi (India 1917-1947); importa mencionarlo porque en Tabasco y en la época del naciente lopezobradorismo, a finales de los años ochenta, fue Rafael Landerreche, un activista jesuita y de raíces gandhianas, quien asesoró al movimiento de resistencia pacífica; al igual que Francisco Goitia, del Codehutab. Ambos ya fallecidos.
DEBO, NO TENGO…
ACUDIR a la memoria histórica permite aprender del pasado y valorar los sacrificios. Los momentos más notorios de la “resistencia no violenta” fue la ocupación pacífica de Plaza de Armas, desalojada violentamente el 19 de enero de 1995. Inmediatamente después se integró un comité de la resistencia civil compuesto encabezado por Alberto Pérez Mendoza.
Entre las diversas medidas de protesta contra el fraude electoral, una asamblea pública había aprobado la propuesta de López Obrador para el no pago del consumo de luz, la suspensión del pago de predial en los municipios y abstenerse de adquirir bienes y servicios en los comercios que respaldaron las acciones contra los candidatos opositores. Sólo se mantuvo la resistencia civil contra la Comisión Federal de Electricidad. Esta forma de repudio al gobierno federal, al que acusaban de fraude en los comicios, tuvo impacto también porque existían antecedentes del reclamo tabasqueño contra las altas tarifas y la acción arbitraria de la CFE.
El movimiento encabezado por AMLO le dio sentido y organización a la inconformidad con las tarifas de electricidad como resultado de su intenso activismo. Pero con el paso de los años fue transformándose de una manifestación de descontento a una expresión de la realidad social: un enorme sector de la población carecía de recursos para pagar el servicio. Peor aún conforme fue acumulándose el adeudo y deteriorando la situación económica.
Como ocurre en este tipo de acciones, al no pago se sumaron quienes nada tenían que ver con el movimiento inicial y posterior: ni estaban a favor de López Obrador, ni carecían de recursos para pagar. Inclusive dejaron de cubrir su consumo las oficinas públicas estatales y municipales.
LA CLAVE: HACER PAGAR
LA COMPLEJIDAD que fue adquiriendo este fenómeno se muestra en el hecho que hubo varios intentos fallidos por obtener un acuerdo de la Federación.
Las dos gestiones más conocidas, antes de la que ahora concluye Adán Augusto López Hernández fueron las de Andrés Granier Melo y de Arturo Núñez Jiménez. El primero firmó un convenio que se denominó “Acuerdo Compensatorio por Tabasco”, mediante el que presuntamente se beneficiarían quienes adeudaban menos de 50 mil pesos; el gobierno de Granier se comprometió a abonar con recursos públicos una cantidad anual a la CFE. Ninguna de las partes (incluidos los usuarios) pudo o quiso cumplir lo pactado.
Con Núñez se firmó el convenio “De la mano por Tabasco” (también conocido como “Peso a peso”) ; sólo cubría a quienes adeudaran menos de 23 mil 500 pesos, e implicaba un descuento paulatino hasta dejar en ceros el débito. Oficialmente se habló del presunto éxito del programa; muy pronto aparecieron inconsistencias e incumplimientos.
En los dos casos, la condición fue que los usuarios se obligaran a pagar los consumos subsecuentes al acuerdo. Los resultados los conocemos a medias por la falta de transparencia en los mecanismos, pero sin duda que una mayoría se mantuvo sin pagar. Como señalamos líneas arriba es mucho más fácil “no hacer” (no pagar) que “sí hacer” (sí pagar). Esta es la clave del acuerdo final anunciado por el gobernador López Hernández, que además incluye elementos que sostenían la resistencia civil: borrón y cuenta nueva, así como una tarifa justa que comenzará a partir de junio.
Dijo el mandatario: “ahora los tabasqueños debemos hacer nuestra parte, debemos iniciar a pagar nuestros consumos”. Vencer la cultura del no pago es posible, aunque no sencillo. La CFE debe recuperar la confianza de los usuarios; habrá circunstancias que deberán atenderse caso por caso. Los cambios profundos no ocurren de la noche a la mañana. Seguramente escucharemos en estos días un llamado del propio López Obrador iniciador de la resistencia y que formalmente se resuelve en 15 días más. (vmsamano@hotmail.com)