*Sindicatos democráticos, salarios justos; condición del T-MEC
*Vecinos mejor pagados, otra cara de la competencia económica
*Democratizar la economía, enorme desafío al régimen de AMLO
LA REFORMA laboral es una decisión histórica, coinciden en señalar especialistas en la materia, aunque algunos advierten que se trata de un requisito político exigido para la aprobación por parte de Estados Unidos y Canadá del tratado comercial del norte. Como sea, estamos ante un cambio fundamental en las leyes para la relación de los empleadores con sus trabajadores, y para los sindicatos, sus dirigentes y agremiados.
Le comenté en una de mis colaboraciones que la izquierda mexicana –como la de todo el mundo- tiene una deuda permanente con los asalariados. De hecho, la izquierda se define por su posición respecto a los propietarios y proletarios; su actitud frente a los medios de producción y la fuerza de trabajo.
Decir “por el bien de todos, primero los pobres”, se traduciría en una preocupación por los de más bajos ingresos.
DEMOCRATIZAR LA ECONOMÍA
LA CÁMARA de diputados aprobó el 30 de abril la minuta que un día antes había sido avalada por el Senado. En los hechos, la nueva ley laboral se convertirá en una de las mayores aportaciones del nuevo régimen. Factores externos y convicciones propias permitirán a Andrés Manuel López Obrador impulsar la democratización en los sindicatos, y –si se me permite el término-, abrir la posibilidad de una democratización en la economía; por lo menos establecer las bases para una menor inequidad entre trabajo y salario. Democratizar la economía será precisamente poner énfasis en la distribución justa de la riqueza generada.
Entre los aspectos más importantes de la reforma laboral se cuenta el ordenamiento para que los líderes formales de los sindicatos sean resultado de una votación libre y secreta. Recordemos que en gremios tan poderosos como el sindicato petrolero se siguen los “usos y costumbres” de la mano alzada, lo que garantiza el control por parte de los cacicazgos.
De la misma forma se establece la obligatoriedad de los dirigentes formales para que obtengan el respaldo de los trabajadores antes de emplazar a huelga. Este mecanismo de lucha de los asalariados tiene que dejar de ser un medio de chantaje para retornar a sus orígenes: un medio para el equilibro entre capital y trabajo.
Un efecto inmediato podría ser la pérdida de control de las anquilosadas corporaciones sindicales. Este sería el caso, por ejemplo, de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), encabezado por el priista Joel Ayala; así como en el sindicato petrolero está dominado por el también priista Carlos Romero. La nueva ley garantiza la libre afiliación sindical también para los burócratas. ¿Resultado? Los gobiernos tampoco podrán seguir contando con el dominio corporativo.
CAMBIO DE MENTALIDAD
ESTABLECE la norma avalada por los legisladores: “El trabajador ejercerá en todo momento su libertad de adhesión o separación en un sindicato. Asimismo, a nadie se le puede obligar a forman parte de un sindicato, a no formar parte de él o a permanecer en el mismo”. Esto, que se consigna para los burócratas antes obligados a integrarse en un gremio determinando, es más válido aún para los trabajadores de otras ramas. En este caso –el de la iniciativa privada-, debe significar el exterminio de los “sindicatos blancos” y “sindicatos de empresa”.
Entre los mandatos de la nueva Ley se prohíbe a los sindicatos hacer propaganda de carácter religioso –lo que debería ser también obligatorio para los partidos y funcionarios públicos, dado el carácter laico del Estado, cuestión que se olvida con riesgosa frecuencia-; también impide que los gremios ejerzan funciones mercantiles con fines de lucro. Como usted sabe, enormes negocios se han hecho al amparo de los sindicatos, utilizando esa fachada para una de las maneras de lavar dinero. El caso más notorio es el del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bajo la tutela de Elba Esther Gordillo.
En lo que respecta a los sindicatos, y en general a los asalariados en las empresas privadas, será importante observar cómo reaccionarán los inversionistas. Una nueva Ley que otorgue seguridad al contratante, pero que garantice la protección de los trabajadores no es precisamente algo que sea costumbre en el país; inclusive va en contra de la mecánica de una economía que ha basado su competitividad no en la mejora de la productividad sino en el castigo a la mano de obra.
Hay quienes sostienen que un justo pago a los trabajadores podría encarecer el costo del producto final; “nos haría menos competitivos”, advierten. El salto histórico no sólo debe ser para los sindicatos y los asalariados, sino también para los propios empresarios que serán obligados a una verdadera competencia por calidad y cantidad.
AL MARGEN
Recuerdo cuando a un dirigente sindical norteamericano le plantee mi extrañeza de que la poderosa AFL-CIO (12 millones de afiliados) estuviera presionando para que en México se mejoraran los salarios de los trabajadores nacionales. ¿Qué interés podrían tener? Me respondió que había dos razones entre muchas: que si tenían un vecino con bajos salarios los empleos en Estados Unidos eran castigados, porque las empresas preferirían instalarse en países con menores costos; la segunda razón, que si tenían vecinos pobres –por sus bajos ingresos-, se afectaba la venta de lo que ellos producían. ¿Las locomotoras de Canadá y Estados Unidos harán caminar a las mexicanas? (vmsamano@hotmail.com)