*Urgente detener la caída en la calidad de vida de la mayoría
*Más de 70 millones de personas sin protección institucional
*Federación y estados: bomba de tiempo en presupuesto
DESDE por lo menos hace tres décadas la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos –incluidos por supuesto los tabasqueños-, entró en grave retroceso. El Estado se mostró imposibilitado para atender la creciente demanda de servicios, y también el grupo gobernante asumió una dirección totalmente contraria a los postulados del bienestar: se implantó el llamado modelo neoliberal, en el cual el mercado y el lucro fueron colocados en el centro; las personas quedaron en la periferia. Unas más que otras.
No sólo eso, las instituciones de salud, educación, seguridad social, fueron sometidas a un bárbaro saqueo, afectando sobre todo a los trabajadores; con el pretexto de hacer más eficiente el aparato de gobierno se subastaron y malbarataron recursos estatales. El Estado benefactor –por lo menos en teoría- dio paso a un modelo depredador.
Esta sombra estuvo presente, me parece, como telón de fondo en las manifestaciones del Primero de Mayo. También, entre otros momentos, en el reciente encuentro de especialistas y autoridades en el foro de la Primera Semana de la Seguridad Social 2019 realizada en Villahermosa, organizado por el ISSET.
DEL MALESTAR AL BIENESTAR
EL INVESTIGADOR Gustavo Leal Fernández, al hablar en Tabasco de los desafíos de la seguridad social en el nuevo régimen planteó la necesidad de frenar el saqueo, retomar el sentido social de la seguridad y revisar a fondo las relaciones laborales.
Oficialmente se reconoce que hay en México unas 70 millones de personas sin seguridad social; pueden ser más. La mayoría de quienes sí la tienen, padecen servicios deteriorados. Un Estado de bienestar, es como ha definido su propósito el gobierno de López Obrador. Reto enorme frente a más de tres décadas de un Estado de malestar; a este gobierno le toca atender los efectos de aquel modelo.
Así, por ejemplo, diversos reportes indican que precisamente a la mitad el sexenio comenzará la “crisis de las Afores”, sistema de pensiones adoptado en pleno curso neoliberal, en 1997, para que empresas privadas administraran los fondos de retiro y ahorro de los trabajadores. Primero les tocó a los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social y posteriormente a los del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. Este esquema fue vendido como la solución al derecho de los mexicanos para contar con un retiro laboral digno. En el 2021 se comenzarán a reclamar los primeros pagos de pensiones en este sistema.
Los especialistas calculan que mediante este esquema, un trabajador al retirarse recibirá apenas una tercera parte de su último sueldo como pensión. Una vejez de miseria, advierten los más realistas. La propuesta de López Obrador es lograr que la llamada tasa de reemplazo se eleve para permitir que los trabajadores se jubilen con el 70 por ciento de su salario. Pero junto a esto se requerirá un aumento en el porcentaje de las aportaciones, incentivos fiscales al ahorro y, sobre todo, pasar la edad de retiro de 65 a 68 años.
PRESIÓN CRECIENTE
NO ES PARA menos. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), calcula que 2 mil 159 mexicanos cumplirán 65 años diariamente en 2020, cifra que se irá elevando. Son los que reclamarán sus pagos. El actual gasto en pensiones se calcula que absorbe el 60% del presupuesto del IMSS y el 70% del presupuesto del ISSSTE.
Sobre las finanzas públicas pesa también la cobertura de pensiones en Pemex, CFE y otras áreas del gobierno federal. A esto hay que sumarle que el país existen más de mil regímenes de pensiones, que se han convertido en bombas de tiempo para los estados y para las instituciones de educación superior, en especial las universidades. En algunos casos hemos visto que ni siquiera están en posibilidades de cubrir los salarios de su planta activa.
Esto no es culpa de los trabajadores asalariados. Hay un problema de planeación, pero también de manejo de los recursos.
Uno de los graves problemas es que la competencia por el presupuesto para las pensiones afecta la inversión en servicios, porque organismo como el IMSS, ISSSTE y el ISSET (en el caso de Tabasco), también deben atender su infraestructura de hospitales. En el caso de las instituciones federales llegaron a tener un ambicioso programa de centros vacacionales, teatros, etcétera. Ahora son tiempos de austeridad.
AL MARGEN
DE ACUERDO a las cifras del INEGI, 3 millones 200 mil niños realizaron trabajo remunerado en 2017, cantidad que seguramente se incrementó en estos años. Tabasco se encuentra entre los estados con una de las más altas tasas de ocupación infantil: 17.9%, junto a Nayarit (19.7), Zacatecas (18.9), Campeche (18,1). El promedio más bajo se registra en Querétaro (5.3).
DIJO el secretario de gobierno Marcos Rosendo Medina en el evento organizado por Fernando Mayans, titular del ISSET, que el gobierno de Adán Augusto es solidario coyunturalmente con ese organismo, pero se requiere una forma inteligente, equilibrada y visionaria para dar viabilidad al sistema de seguridad social. Subrayemos: solidaridad coyuntural…Al mismo tiempo, Fernando Mayans retomó otro concepto: la seguridad social como un derecho exigible y obligación esencialmente solidaria y redistributiva. Dos vertientes: la realidad de los recursos y la justicia necesaria. (vmsamano@hotmail.com)