*En el anteproyecto se pretendía cobrar a estados y municipios
*Ofrece AMLO austeridad y equidad en publicidad gubernamental
*El vendaval de Odebrecht pone a temblar a la clase política
EN DICIEMBRE de 2016 llegó a Tabasco la Gendarmería Nacional, el cuerpo de policías federales creado por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Durante varios meses la administración de Arturo Núñez había pospuesto el despliegue de estos uniformados debido a que –se decía- no se contaba con el presupuesto para pagar la estancia de los agentes. Y es que de acuerdo a las normas de operación, los gobiernos de los estados tenían que cubrir los gastos de la corporación solicitada.
Con este antecedente, se comprende la confusión reciente en el sentido de que los estados y municipios “pagarían” el desplazamiento de la nueva Guardia Nacional a sus localidades. Así se establece en la Ley respectiva –“en un documento de trabajo que se está analizando y discutiendo en el Congreso”- y que, según anunció el presidente López Obrador, tendrá que modificarse para que los costos los absorba el gobierno federal.
El documento entregado por el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, para elaborar la Ley Orgánica de la Guardia Nacional establece en el capítulo de la coordinación y colaboración con las entidades federativas y los municipios que deberán destinar recursos económicos, humanos y materiales “con cargo a sus presupuestos”. Esto quedará fuera.
La lógica indica que siendo el combate a los delitos federales –y en general la seguridad pública de todo el país- un mandato constitucional nacional, corresponde al gobierno de la República atender este rubro. Sobre todo porque el despliegue de la Guardia Nacional formará parte de un programa presidencial; de lo contrario habría que esperar la solicitud expresa de un gobierno estatal o municipal, con la correspondiente asignación de presupuestos. De ocurrir esto último, sobre todo los ayuntamientos sin recursos carecerían del respaldo de la nueva corporación convirtiéndose en refugio de maleantes, y esto sería un cuento de nunca acabar.
Se tiene previsto que en todo el país operen 266 coordinaciones, de las cuales 150 debe estar integradas en un plazo máximo de tres meses, con 80 mil elementos. Hay una veintena de localidades marcadas como prioritarias. Dos zonas de Tabasco entrarán este año en el despliegue de agentes.
EXPRESIDENTES BAJO SOSPECHA
UNA TORMENTA política devastadora sigue sacudiendo a la clase gobernante en América Latina, aunque en México y Venezuela hay resistencias para ir a fondo. Se trata del caso de los sobornos pagados por la firma Odebrecht a cambio de obtener trato especial en sus negocios, la mayoría relacionados con la industria petrolera. Ayer, como usted seguramente ya conoce, Alán García, ex presidente de Perú, se suicidó ante su inminente encarcelamiento en esta trama.
De nada sirvió que a finales del año pasado destituyeran a dos fiscales “duros” que habían hecho avanzar la justicia peruana en el caso: la ex candidata presidencial Keiko Fujimori recibió orden de prisión preventiva y el ex mandatario Alán García no pudo lograr que Uruguay le diere asilo político, una manera de tratar de librar la cárcel.
Los ex presidentes peruanos Ollanta Humala y Pablo Kuczynski, ya fueron hechos prisioneros por el caso Odebrecht, en tanto que otro ex mandatario, Alejandro Toledo, fue declarado prófugo de la ley, detenido en Estados Unidos enfrenta un proceso de extradición. Por lo menos en 12 países, incluido México, hay expedientes abiertos por esa escandalosa trama de corrupción.
Según informes oficiales, el presidente López Obrador ha dado instrucciones para que la investigación Odebrecht vaya al fondo, “caiga quien caiga”. De la misma forma, entre los principios rectores de Pemex –principal empresa del Estado- se establece que no serán contratadas aquellas compañías con malos antecedentes. Las autoridades mexicanas ordenaron desde el gobierno pasado reservar los expedientes para cuidar el “debido proceso”; han comparecido una veintena de funcionarios y ex funcionarios que firmaron contratos con el corporativo brasileño. El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, ha desmentido reiteradamente las versiones de su participación en esa red de corrupción.
En la mayoría de los casos investigados en América Latina los recursos pagados ilegalmente por el emporio brasileño fueron a dar a las campañas electorales.
GOBIERNO Y PUBLICIDAD
AUSTERIDAD, transparencia, equidad, eficiencia, serán los principios de la Política de Comunicación Social del gobierno federal, de acuerdo a lo anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo en relación a esta materia, ahí se establece la equidad en la distribución de recursos para no privilegiar a medios específicos.
Dijo López Obrador: “Vamos a garantizar el derecho a la información ––como lo hemos venido haciendo–– en el centro están los ciudadanos, la gente, la población que debe tener información veraz, de calidad, garantizar la transparencia”.
Oficialmente se ratifica la decisión de reducir en un 50 por ciento el presupuesto que anteriormente se destinaba a la publicidad gubernamental.
Hay una decisión correcta de utilizar al máximo los tiempos oficiales en los medios concesionados, así como la infraestructura del propio gobierno. En materia de contratación con medios privados, Jesús Ramírez, coordinador general de Comunicación Social, recordó que el gobierno de Enrique Peña Nieto en algunos casos duplicó o triplicó el gasto de publicidad “de manera extraordinaria y sin justificación”. La comunicación gubernamental debe ser útil para la población, porque también se gobierna comunicando. (vmsamano@hotmail.com)