ESCALA CRÍTICA

Los servidores públicos: resultados, simulación o lealtad; asambleas y contralorías sociales

*Advierte López Obrador que “no habrá simulación” en obras

*No se trata de arreglar o maquillar por donde pase el Presidente

*Pasar a la acción social de vigilancia efectiva, el desafío

Víctor M. Sámano Labastida

LOS RESULTADOS son más importantes que la lealtad en una empresa, sostienen Jack y Suzy Welch, especialistas en negocios. ¿Qué sucede en la función pública? Me comentaba un ex funcionario que el desempeño eficiente y honesto forma parte de la lealtad. Esto se discute ahora que públicamente evalúan lo sucedido durante la administración de Arturo Núñez; lo mismo que sucedió con el régimen de Andrés Granier y otros.

Pero también las cuestiones del desempeño y la lealtad fueron colocadas en el debate nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sucedió recientemente que en el recorrido que AMLO hizo de Toluca a Ciudad Altamirano observó el mal estado de las carreteras y cómo al día siguiente, después de haberle llamado la atención al responsable de la Secretaría de Comunicaciones, una brigada estaba “echando chapopote y tapando los baches” por donde pasaría la comitiva oficial.

Comentó públicamente López Obrador: “la verdad me dio pena, porque eso es la mala costumbre: nada más porque saben que va a llegar el presidente”, le dan una maquillada a las obras.

PREDICAR…¿EN EL DESIERTO?

NO ES LA PRIMERA vez que AMLO manifiesta su molestia o incomodidad ante lo que él sabe una característica del sistema: la simulación. Y es precisamente parte de lo que nutrió el voto del descontento en julio del 2018.

Había sucedido durante una visita que hizo a los afectados por el huracán “Willa” en Nayarit y se enteró que el censo era deficiente. Frente a una multitud reprendió al superdelegado Manuel Peraza, coordinador federal de los programas sociales en aquella entidad.

Preguntados los asistentes sobre si habían sido censados respondieron que “no”. Fue entonces cuando AMLO explicó: “ya vieron por qué es importante gobernar así. Porque a mí no me van a engañar”. (Acaponeta, Nayarit, 7/12/2018).

Que ningún funcionario simule, que no se engañe al pueblo en cuanto obra pública. Fue el mensaje. ¿Lo habrán registrado sus colaboradores cercanos y lejanos?

Los críticos del actual presidente no dejarán de insistir en el aroma a populismo que despiden estas acciones y dichos. Quizá sea oportuno recordar que nada debe sorprender los regaños y exigencias de AMLO: a principios de los años ochenta fue precisamente su iniciativa de que los militantes organizados del PRI vigilaran el desempeño de los alcaldes tabasqueños lo que provocó una revuelta interna y su salida de la dirigencia tricolor.

Al mismo tiempo, según nos recordaba el investigador Cirilo Antonio Guzmán, en aquellos años el gobierno de Enrique González Pedrero aplicó en Tabasco la consulta a las bases para romper el monopolio de los grupos de poder, así como la audiencia pública y la difusión de los Programas Operativos Anuales (POAs) para que la propia población supervisara la obra de gobierno.

CONSULTA Y LEGITIMACIÓN

DESDE su incorporación a la oposición, López Obrador hizo de las asambleas públicas un mecanismo de consulta, aprobación y legitimación de sus acciones.

Sus críticos y sus simpatizantes, así como los estudiosos de la política, se han enfrascado en la polémica sobre las bondades y riesgos de la democracia directa, lo mismo que de la democracia indirecta o representativa.

Lo que podría plantearse actualmente es la imposibilidad real de que AMLO esté personalmente al tanto de todo. No puede recorrer todas las carreteras y caminos del país, visitar las clínicas y centros de salud, escuelas…vamos, ni siquiera supervisar cada una de las decisiones de los militantes de Morena con algún cargo público.

En varias ocasiones López Obrador ha pedido a la población: “ayúdenme”. En Ciudad Altamirano, Guerrero, solicitó a los campesinos “que todos actuemos como guardianes para que el presupuesto se destine a beneficiar a la gente”.

El sacerdote y activista Alejandro Solalinde planteó desde el 2016 la creación de una “contraloría social y ética”, que estaría integrada por “personas de inobjetable autoridad moral”. Según explicó recientemente el religioso el objetivo de esta contraloría es –en principio- atender a las víctimas de la violencia, pero también convertirse en un contrapeso para el gobierno “con críticas y recomendaciones”.

Oficialmente existen las llamadas “contralorías sociales” tanto en la Secretaría de la Función Pública como en sus réplicas a nivel estatal; inclusive diversas dependencias tienen oficinas denominadas como tales. La experiencia nos muestra que o carecen de independencia o sus observaciones no son atendidas. Existe simulación, diría AMLO, como sucede con los comités anticorrupción.

Existe una duda razonable sobre si en el futuro inmediato los reclamos, las quejas, los señalamientos ciudadanos serán atendidos. Se trata de la obra pública, pero también de las decisiones que deben estar sujetas a la eficiencia y a la justicia, como expuso Solalinde.

Por lo pronto, los servidores públicos en todos los niveles deberán tomar nota que una asamblea puede condenarlos o reconocer su esfuerzo.

AL MARGEN

TODO crimen es condenable. La protección del Estado debe abarcar a toda la población; seguridad para la persona y sus bienes. Cuando la violencia afecta al integrante de un gremio es explicable la indignación y el reclamo. Esto sucede ahora en Tabasco ante el asesinato del periodista y locutor Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, en la cabecera municipal de Emiliano Zapata. Es preciso combatir la impunidad. Las autoridades deben actuar oportuna y eficazmente. (vmsamano@hotmail.com)