*Creciente la cifra de personas sin techo digno, aumenta por desempleo
*La intención de AMLO, un desafío del Infonavit frente a los rezagos
*Rafael Murúa, periodista comunitario asesinado; fragilidad en protección
Víctor M. Sámano Labastida
EN TEORÍA todo mexicano tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. Así lo establece la Constitución. La realidad es muy distinta. Aunque en las estadísticas oficiales se reconoce que en nuestro país unos 36 millones de compatriotas no cuentan con hogar propio y digno, el rezago de viviendas estimado en unos 9 millones es una cifra cambiante, dinámica, presionada por el crecimiento de la población y el aumento de la pobreza.
De acuerdo a un reporte de Publimetro (15/07/2018), el 70% de la población autoconstruye su vivienda “sin el menor conocimiento de los requerimientos técnicos y financieros que necesita para lograr un techo y un patrimonio seguro”. Esto hace que si bien se atiende una necesidad básica, el costo final se encarece por falta de planeación y desperdicio de material.
Cita la publicación Fernando Mendoza Nevares, director del Centro de Innovación para la Vivienda CIV), organización respaldada el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien refiere que “esta es la realidad para 60 millones de mexicanos; quienes carecen de acceso a créditos o programas de vivienda como Infonavit o Fovissste”. O de los bancos.
PAGA Y PAGA, NO TIENE
AÚN EL ACCESO a los llamados “créditos sociales” se ha convertido en una pesada carga para los trabajadores asalariados y que tienen el supuesto privilegio de la seguridad institucional. Tal es el caso del Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), fundado en 1972 con el objetivo de garantizar el acceso a un hogar propio para los asalariados –al sector público lo atiende el Fovissste-, que tras unos años de mantener una política basada en el “Estado benefactor” cambió en 1992 para dejar de construir viviendas y permitir el negocio de los desarrolladores inmobiliarios. Los subsidios cambiaron de manos. En los conceptos puestos al día se puede decir que el neoliberalismo llegó también a este sector como resultado de las recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. El costo de los créditos hipotecarios se dispararon.
Aunque el Infonavit puso en marcha hace unos años un programa de reestructuración de créditos para quienes se vieron imposibilitados en pagar, hay testimonios de personas que habiendo perdido su empleo e ingreso permanente tuvieron que enfrentarse al acoso de despachos privados contratados por la otrora institución social.
El propio Andrés Manuel López Obrador, como candidato y ahora como presidente, señaló que conoce las quejas de la gente que “paga y paga” pero nunca obtiene sus escrituras. En 2017 la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) reportó que el Infonavit había superado en quejas al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Le comentaba ayer que en principio el director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, anunció la revisión de 160 mil créditos que son “impagables”. Fernando Soto, director de “Tu Hipoteca Fácil”, consideró que la institución oficial debe modificar 5 millones de créditos. En promedio en los últimos seis años aquel organismo ha otorgado unos 550 mil créditos anuales. La vivienda debe ser prioridad.
RADIO KASHAN, APAGADA
EL DOMINGO reciente fue hallado el cadáver Rafael Murúa Manríquez, de 34 años. Secuestrado y asesinado en Mulegé, Baja California Sur, este joven comunicador era también un reconocido activista. Director de la radio comunitaria RadioKashana, por amenazas diversas fue incorporado a Mecanismo de Protección para Periodistas. De nada sirvió.
RadioKashana comenzó a transmitir en 2012 por Internet desde la cabina de un camión destartalado. El huracán Norbert en 2014 dañó todo el equipo y por lo que Murúa suspendió temporalmente sus labores hasta que a finales del 2017 logró instalar una radio local comunitaria en Frecuencia Modulada.
Con programación básicamente musical abrió espacios para la cultura, medio ambiente, derechos humanos, equidad de género y un noticiario general, éste conducido por el propio Rafael Murúa. Sus denuncias y comentarios derivaron en amenazas que lo obligó a dejar temporalmente Santa Rosalía (BCS); retornó y ahora pasó a ser una víctima más del crimen.
La organización Article 19 ha documentado 122 asesinatos de periodistas en México desde el año 2000. Apenas el 2 de diciembre fue reportado el crimen contra Alejandro Márquez, activista y periodista de Nayarit; el 6 de diciembre fue muerto en Ecatepec, Edomex, el director del semanario “Morelos”, Diego García Corona. La presidencia de la República había anunciado luego de los ataques contra Márquez y García Corona: “Trabajamos en un plan de prevención, protección, acceso a la Justicia y reparación del daño que dé garantías a periodistas”.
Diversas organizaciones internacionales han advertido sobre los riesgos en México para activistas sociales.
AL MARGEN
HAY LECCIONES trágicas que se olvidan. En febrero de 2016, el diario El Universal publicó un reportaje sobre “El rostro de las víctimas de la ´ordeña´ en Tabasco”, del periodista Luis Manuel López (Luma López). La explosión en Cárdenas (Tab.) el 25 de marzo de 2015 de una pipa cargada de combustible resultó en 22 fallecidos; un total de 29 niños quedaron huérfanos, algunos con secuelas permanentes por las quemaduras. La historia se repite, con más víctimas y una responsabilidad que se diluye.
(vmsamano@hotmail.com)