*Un Estado de Derecho, chueco: huachicoleros y poder oculto
*Tiempo de políticas de gobierno, las urgencias y los costos
*Confirman fiscal para nueve años: ex procurador Jaime Lastra
Víctor M. Sámano Labastida
HAY DEBATES producto de malentendidos o, simplemente, de la mala fe. Un malentendido puede resolverse; la mala fe seguirá ahí. Para erradicarla se necesitan datos. Se escribe, por ejemplo de “consultas gansito que le cuestan millones de dólares al erario” y que por eso AMLO miente (Diego Fernández de Cevallos, Milenio/7 de enero). Lo cierto es que, si hablamos de lo mismo (consulta por nuevo aeropuerto y consulta por programas de gobierno a ejecutar) entonces los millones de dólares no existen y son producto de la mala fe.
Las dos polémicas consultas se realizaron con aportaciones del salario de legisladores de Morena: 3 millones de pesos, que equivalen a 150 mil dólares.
Otro ejemplo de mala fe: los reproches de PAN y PRI a la creación de una guardia nacional de corte militar. La resistencia no se explica sólo con el vacío legal (a llenar en el Congreso), sino con una cuestión de congruencia: PAN y PRI, como gobierno federal, sacaron al ejército a las calles, y ahora advierten “la eventual militarización del país”. Algo parecido ocurrió con el gasolinazo que no llegó. ¿Quiénes lo advirtieron en vano? PAN, PRI y PRD, que lo acordaron como medida urgente en 2017. Soltaron el perro del combustible y luego gritaron: ¡amárrenlo!
En esta historia no todos son errores de interlocución y mala fe. Hay escollos que forman parte de la política como gestión de divergencias, en tiempos que se enciman por la prisa que es mala consejera. Veamos, sin tanta prisa, los escollos iniciales de la 4T que no son producto de meros ataques de la oposición.
INFORMALES Y PODERES OCULTOS
LA PIRATERÍA por robo de combustible tiene nexos con el poder. Con firmeza, lo ha denunciado AMLO y se investiga a directores de Pemex y la estructura sindical. Dato significativo: el fenómeno huachicolero (pantalla de negocios mayores) coincide en el tiempo con el otorgamiento acelerado de concesiones para gasolineras a empresas privadas. Entre 2008 y 2018, multiplicaron su número por 10. ¿Por qué los huachicoleros son un boom en este período?, ¿quiénes tenían información privilegiada y los recursos para moverse en ambos frentes? En esta historia apenas hemos visto la punta del iceberg.
La ordeña de Pemex genera una economía informal que resulta atractiva para muchos comerciantes y empresarios que necesitan gasolina en sus negocios y transporte. También entra en juego la población que se beneficia de bajos precios por la economía pirata. Ahora hay quejas por desabasto de combustible en 8 estados del centro del país. La economía informal, que se desarrolla en corto y con arreglos extralegales, ha sido enfrentada con costos sociales que se reflejan en malestar público. Más dilemas de este tipo le esperan al nuevo gobierno.
TIEMPOS Y GESTIÓN DE GOBIERNO
EXISTE un escollo que pasa por el tiempo. Ejemplo superlativo: AMLO hace un llamado a los jóvenes para integrarse a la Guardia Nacional, cuando este programa no ha sido aprobado en el Congreso. ¿Qué hacer? El Presidente no se detiene y procede al reclutamiento; sus críticos le reprochan que el llamado es anticonstitucional.
La prisa es mala consejera, aunque se entiende que no es mala fe del gobierno. Estamos lejos de eso, porque los primeros perjudicados son los funcionarios de la 4T, que quedan a merced de un problema de (des)tiempos. ¿Cómo ajustar? Sincronizar tiempo de ejecución y tiempo de aprobación. AMLO puede explicar su intención y después solicitar al Congreso una definición. La disyuntiva: aminorar el paso para acatar tiempos constitucionales, o pagar un costo en la opinión pública por la prisa.
El sexenio de AMLO y Morena arranca con escollos de tiempo constitucional en la aplicación de políticas que son un ataque directo al antiguo sistema político. Se tiene, en contra de las soluciones de fondo, la sensación (cultural, social) de que crece la polarización y el encono, por parte de sectores ciudadanos que esperan soluciones rápidas.
Una lección que tendremos que aprender: las soluciones de fondo nunca son rápidas. Llevamos 35 días efectivos de gobierno y han sucedido muchas cosas. No es hora de flaquear, después del mandato de las urnas por un cambio de fondo en la vida pública de México. En esta historia, la información será crucial para no echarle gasolina a los problemas.
AL MARGEN
EN DICIEMBRE de 2012 fueron dos las designaciones adelantadas para que los titulares comenzaran a despachar con el nuevo gobierno: el procurador estatal y el jefe de seguridad pública. Aunque el responsable de la PGJE convertido en fiscal fue confirmado en un encargo que concluía en 2021, renunció en diciembre de 2018 para dejar en libertad al relevo que fue formalizado ayer en el Congreso. Tal como se preveía, el ex procurador Jaime Lastra Bastar (lo fue en Tabasco y en Chiapas) asume la fiscalía en un periodo que abarca nueve años, hasta el 2028.
La figura de fiscal que sustituye a la de Procurador forma parte del nuevo sistema de justicia penal, en el que se tiene establecido que exista un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios para administrar las leyes. En este mismo contextos se ubica la designación del ex gobernador Enrique Priego como presidente del Tribunal Superior de Justicia. Son notarios como el gobernador Adán Augusto López tanto Lastra Bastar como Priego Oropeza.
(vmsamano@yahoo.com.mx)