Desde una visión holística y transversal, la energía es considerada una necesidad básica para el bienestar y el desarrollo, así como el punto de partida para la lucha contra el cambio climático. De allí la relevancia de la visión que sobre este sector plantea nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en los 100 Pasos para la Transformación, el primer ejercicio de planeación para el desarrollo nacional.
En el documento se asume la necesidad de que prevalezca la sostenibilidad, independencia y rectoría del Estado Mexicano en el sector, lo que implica el compromiso de que no regresarán los gasolinazos y tampoco habrá aumento en las tarifas eléctricas ni en los precios del gas doméstico por encima de la inflación.
Como requisito fundamental para garantizar precios accesibles de la energía, se establece de manera tajante que las privatizaciones son cosa del pasado.
Lo anterior quiere decir que Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) continuarán fortaleciéndose como empresas públicas estratégicas, rescatando la lección que nos dejó la etapa más álgida de la presente crisis energética global: que un bien de primera necesidad y estratégico como la energía no puede quedar al libre albedrío del mercado.
De esta manera, la CFE fortalecerá su capacidad de transmisión y distribución, manteniendo una participación de 54% en la generación eléctrica nacional.
Con este porcentaje se garantiza el abasto que requiere la actividad económica y social del país; y de una vez por todas, se revierte la tendencia de la reforma energética de 2013 que fue acotando y disminuyendo la generación de la CFE y favoreciendo con subsidios indebidos a los generadores privados.
Por ejemplo, a través de los contratos con Productores Independientes de Energía (PIE), que obligan a CFE a comprar energía a los privados hasta por 30 años, al año 2022 había registro de daños económicos, de acuerdo con datos de la misma CFE, por 104 mil 020 millones de dólares.
Tampoco hay que olvidar que muchas de las plantas de esos privados o "Productores Independientes de Energía" fueron financiadas con recursos públicos y al final del contrato quedan en propiedad de los llamados generadores privados.
Para dimensionar la importancia y necesidad de continuar fortaleciendo a CFE, es indispensable además dimensionar el impacto económico sobre las finanzas públicas por el autoabastecimiento ilegal.
De acuerdo con datos y cifras de CFE, son 239 permisionarios que cuentan con 77 mil 767 socios, que son a la vez clientes, generando un mercado paralelo ilegal, que al año 2022 tuvieron un impacto económico de 488 mil 561.09 millones de pesos.
De suma importancia es el compromiso de poner a México como un ejemplo mundial en la lucha contra el cambio climático global, impulsando las energías renovables y la eficiencia energética, acelerando la electromovilidad, lo que redundará en la disminución del costo de la luz.
Esta visión energética responsable y equilibrada también se compromete a continuar con la modernización del Sistema Nacional de Refinación, mantener el impulso a la petroquímica nacional y la producción de fertilizantes. (Diputado Federal/Presidente de la Comisión de Energía)