A lo largo de este siglo hemos sido testigos de un cambio de estrategia respecto a la deposición de gobiernos democráticos en América Latina. En lugar de que los militares se movilizaran y formaran gobierno como en Chile, Argentina, Brasil y Bolivia en los años 70, ahora el poder judicial destituía con algún pretexto legaloide a los presidentes electos mayoritariamente como ocurrió con Fernando Lugo en Paraguay, Manuel Zelaya en Honduras, Djilma Rosseauf en Brasil, etc; o se intenta evitar que un candidato llegue a la boleta electoral como con el desafuero de López Obrador, el procesamiento de Lula da Silva, o las presiones sobre Pablo Iglesias en España y el encarcelamiento del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas. O con medidas como el golpe de estado permanente de la Suprema Corte de Justicia de México declarando inconstitucionales todos los cambios constitucionales y leyes del poder legislativo del sexenio 2018-2023 y sus chicanadas de huizacheros para impedir la reforma judicial.
Ahora, los golpes de estado no violentos se dan también en los países del primer mundo, quizás el primero en Australia en 2010, cuando al tratar de imponer un impuesto a las ganancias excesivas de las mineras, el primer ministro Kevin Rudd, fue obligado a dimitir como líder de su partido y consecuentemente de su cargo como primer ministro. En una reunión informal de embajadores e investigadores latinoamericanos en Camberra, llegamos a la conclusión, de que si hubiera ocurrido en nuestro subcontinente, los periódicos no hablarían de cambio de gobierno sino de golpe de estado por parte de las compañías mineras.
Eso mismo ha ocurrido en Estados Unidos. El hombre más rico del mundo gracias a los enormes subsidios del mismo gobierno a las empresas Tesla, X y SpaceX, el mayor contratista y recipendario de pagos del gobierno de Estados Unidos, Elon Musk, financió la campaña del actual presidente Donald Trump (3100 millones de dólares). Y éste inventó una nueva oficina de gobierno llamada Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, como el perrito de los memes, por sus siglas en inglés -de hecho usan ese dibujo como escudo). Que, sin que Musk y la nueva oficina sean todavía aprobadas por el Senado, ya están actuando. Le exigieron a David Lebryk, director del departamento del tesoro de Estados Unidos que le dieran al personal de DOGE el acceso a todas las cuentas del gobierno, el informe de todos los gastos del gobierno (el sistema de pagos de la oficina del tesoro que anualmente maneja 6 trillones de dólares en pensiones, infraestructura, pago de deuda, ayuda exterior, etc.), y la información privada (especialmente el número de seguro social) de los 4.1 millones de pensionados que reciben 477 mil millones de dólares y 153 millones de contribuyentes de Estados Unidos que ganaron 153.8 millones y pagaron 14.8 billones de dólares en 2022 (ni George Orwell se imaginó tal nivel de control, ni lo tuvieron los regímenes estalinistas de Europa Oriental en su momento). Al negarse el funcionario a obedecer una orden dada por alguien que aún no es un funcionario público y que dice dirigir una oficina que todavía no ha sido aprobada legalmente, fue obligado a renunciar junto con el inspector general del tesoro y le fue cerrado el acceso a todo el sistema de cómputo a todos los empleados y el presidente suspendió todos los pagos de todo tipo (varios jueces ya declararon ilegal la medida). Un asesor jurídico del partido demócrata: Waleed Shahid, ha dicho que si esto hubiera ocurrido en otro país lo llamarían "captura del estado" o "golpe de estado" por parte de un billonario que tiene antecedentes de corrupción. La exsenadora Lindsay Owens opina que con esta información Musk puede iniciar un sistema financiero privatizado del que dependería todo ciudadano americano (de hecho ya es socio de VISA).
De acuerdo a los analistas del partido demócrata piensan que el objetivo inmediato de DOGE es privatizar tanto el sistema financiero, de pensiones y infraestructura a favor de las empresas del propio Musk, cuando él mismo va a decidir quién recibe y maneja los pagos del gobierno, además de tener programada una rebaja de impuestos a las empresas privadas por 5 trillones de dólares. DOGE es la oficina que va a encontrar el dinero que va a reemplazar esas disminuciones de impuestos, esa baja de ingresos del gobierno. Explica Lindsay Owens al noticiero Democracy Now: "Elon Musk va a pagar los recortes de impuestos a las grandes empresas, a los billonarios, con los recursos de la seguridad social de los ciudadanos."