Una nota de prensa reveló la semana pasada que desde el mes de noviembre de 2018, la Procuraduría General de la República dio por insustanciales todas sus acusaciones contra Ricardo Anaya, para entonces candidato derrotado a la Presidencia de la República.
La confesión de PGR está fechada el 28 de noviembre de 2018, dos días antes de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El documento dice:
“No existen datos de prueba suficientes, aún de manera circunstancial, que permitan acreditar el hecho con apariencia de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
El documento está firmado por el entonces subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada. Su nombre: Alonso Israel Lira Salas.
Escribe Alonso Israel Lira Salas:
“La denuncia presentada por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, una vez concluida la investigación, no se acreditó la ilicitud del recurso, por el contrario, se estableció la existencia de los recursos y que devienen de un crédito”.
Sigue el autodesmentido:
“Los recursos operados tienen su origen y destino en actividades lícitas, pues es claro que estos se encuentran sustentados en diversos ingresos propios de su actividad económica inmobiliaria y un crédito bancario” (Reforma, 5 de marzo 2019).
Es decir, los hechos imputados eran falsos, tal como sugerimos entonces, en un manifiesto, distintos ciudadanos que dudábamos de la veracidad de los hechos imputados.
En el documento de la Procuraduría hay una confesión de culpa: manipulación electoral y uso ilegal de los recursos del gobierno contra un candidato.
Algún castigo debiera haber, alguna consecuencia jurídica, para esta confesión de culpa institucional, pues fue la misma Procuraduría, que ahora dice no tener pruebas, más bien pruebas en contrario, la que durante meses cruciales de la elección del 201 fabricó para delitos para atacar a un candidato.
Estamos frente a una confesión de Estado: el uso de la Procuraduría para influir en unas elecciones. Lo intentó Fox, con un delito real, la violación de un amparo, contra López Obrador en 2006. Lo hizo Peña en 2018 contra Ricardo Anaya, con un delito falso.
Imposible saber cuántos votos perdió Anaya por esta manipulación. Imposible también decir que la manipulación no contó.