En la semana se hizo visible la que será probablemente la batalla estratégica de los años que vienen: la batalla por la forma del federalismo mexicano.
El plan centralizador del próximo gobierno es algo más que un poco o un mucho jalar las riendas. Es un rediseño que, de cumplirse a la letra, cambiará la República federal vigente en una centralista. Más precisamente: el país pasará de tener una arquitectura institucional de diseño y espíritu federalista a una de instituciones y espíritu centralista.
Este cambio mayúsculo tiene dos piezas convergentes: la figura ya legislada de delegados federales únicos en los estados y la figura, por legislar, de la Guardia Nacional con mando único militar, que no incluye a las policías estatales y municipales.
En un país donde, por un pacto fiscal vigente desde 1978, la Federación recauda y entrega a los estados tanto como 85 por ciento en promedio de sus recursos, un delegado federal único, encargado de vigilar y representar la inversión federal en los estados, puede erigirse en un poderoso gobernador de facto o al menos en un poderoso rival político del gobernador en funciones.
Si a esto agregamos que los superdelegados serán piezas claves en el aterrizaje territorial de las unidades de la Guardia Nacional que será responsable de la seguridad en las calles, lo que tenemos es una triple pinza de poder político regional: administrativa, financiera y policial.
Y si recordamos que Morena ganó en la elección pasada 19 de los 32 congresos estatales, el efecto de la pinza múltiple crece. El proyecto ha desatado ya la oposición pública de 13 de 32 gobernadores, 12 del PAN y la coalición PAN/PRD y uno de MC, al que me referí aquí el viernes pasado.
Los gobernadores del PRI no se han manifestado, pero la presidenta de ese partido, Claudia Ruiz Massieu, lo mismo que su homólogo del PAN, Marko Cortés, anunciaron que interpondrán denuncia de inconstitucionalidad del proyecto centralizador para que la Corte decida. Será la primera gran prueba de la división de poderes en la cuarta transformación.
No es para menos. Está en juego la redefinición del imperfecto y maltrecho, pero histórico y vigente federalismo mexicano.