Hay que celebrar la rotundidad conque la Suprema Corte descalificó el artículo transitorio aprobado en el Senado para extender dos años, por la puerta de atrás, inconstitucionalmente, el término de la presidencia de la misma Corte.
Hay que celebrar también la cuidada pero vigorosa amonestación de la ministra Norma Lucía Piña al Poder Legislativo por haberse prestado a una jugada tan desaseada como querer cambiar la Constitución con el artículo transitorio de una ley general, solo “por complacer a otros poderes”.
Hay que hacer notar también el recibimiento caluroso de la posición de la Corte, aunque en esto hay o se trasluce un punto de desconfianza previa.
Para los conocedores era evidente que la Corte no podía manifestarse sino así, de manera unánime, contra el despropósito del Legislador. La posición de estos conocedores en las redes fue: “¿Alguien esperaba otra cosa?”.
Lo que sugiere el recibimiento caluroso de la decisión es que sí, que sí había quienes pensaban que podía suceder otra cosa. Que la Corte podía reaccionar ante este caso como lo ha hecho en otros durante estos años: dándole la suave al gobierno o aplazando su decisión en espera de momentos políticos propicios.
Esta última actitud, aplazar, ha sido la conducta de la Corte en muchos asuntos cruciales que esperan su veredicto. La verdad es que la Corte empieza a dar indicios claros de que su conducta va cambiando y de que podemos esperar de ella mucho más que cautela en los tiempos que vienen.
Ha sido tajante y garantista, como debe ser, en materias muy polémicas como el aborto y la mariguana, y lo ha sido también en cuestiones muy sensibles para el gobierno como en el tema de la prisión preventiva oficiosa y ahora en la extensión de los tiempos de ejercicio en altos puestos públicos, llámense la presidencia de la Corte o la Presidencia del país.
Hay que celebrar esta tendencia, pues la otra, la de procastinar o diferir, produce incertidumbre jurídica y debilita nuestro siempre débil Estado de derecho.
Que la Corte despierte es una gran noticia para la democracia y para el equilibrio de los poderes públicos que le es consustancial.