Es ampliamente conocido que la Chontalpa es punto neurálgico en materia de seguridad en Tabasco. La violencia en la región ha incrementado sensiblemente en las últimas semanas. Tras el 22 de septiembre en que, a consecuencia de la detención de un "cabecilla de una célula delictiva" se quemaron vehículos en carreteras y se intimidó a la población con más actos de violencia, el fin de semana pasado la zona volvió a agitarse. Se llevó a cabo un operativo de seguridad extraordinario en Cárdenas y militares iniciaron la revisión del armamento de la policía municipal.
Al respecto, tanto el Gobierno de Tabasco como el Ejército reconocieron que se trató de acciones extraordinarias, ninguno dio mayores detalles sobre la motivación tras esas decisiones, salvo la incidencia de algunos hechos indeterminados. Eso sí, tanto el nivel federal como estatal solicitaron a la población evitar difundir rumores en redes sociales y ser víctimas de la desinformación.
Lo cierto es que mientras se desarrollan operativos o se desarrollan hechos delictivos, hay oportunistas que aprovechan para sembrar el miedo al falsear la información, inventarla o difundirla como cierta sin haber verificado. En ese escenario es poco útil la estrategia de comunicación en que se informa de lo que sucede a la población hasta varias horas después, cuando hubo tiempo de sobra para que los especuladores difundieran lo que quisieran.
Las autoridades tanto federales como locales han insistido en que en Tabasco no hay presencia de la delincuencia organizada, que quienes operan en la entidad son bandas locales. Bandas que han tenido en sus manos armamento de uso exclusivo del Ejército, pero a quienes se refieren como generadores de una violencia de menor grado que la de los principales cárteles que se disputan el territorio nacional. Aún si esto es cierto, la posición de Tabasco no es nada fácil si se toman en cuenta los hechos de las últimas semanas en la región.
Tras el ingreso de grupos armados a Frontera Comalapa y la disputa que libran en la zona, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que el problema de la delincuencia organizada en Chiapas "es un asunto muy limitado a una región y ya se está atendiendo"; parte de la atención consistió en el envío de unos 1500 elementos de seguridad, entre Ejército, Guardia Nacional y Seguridad Pública. En tanto, el vecino Guatemala movilizó 2 mil soldados a su frontera con México para frenar el ingreso de integrantes de los cárteles mexicanos, que suponen un riesgo para su seguridad nacional.
Y es que resulta insoslayable la realidad de que el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación están en disputa por la frontera sur de nuestro país, debido a que este territorio representa tener el control del trasiego de armas y drogas, así como del malhadado negocio del tráfico de personas. Es una realidad reconocida por las autoridades de todos los niveles en México.
Siendo ese el caso, parece irresponsable no reconocer que si hay operativos extraordinarios en Tabasco, responden a que existe una situación extraordinaria. Sin revelar datos que pongan en riesgo las investigaciones necesarias para imputar responsabilidad penal de manera efectiva a los generadores de violencia, es necesario informar a la ciudadanía de la situación en sus dimensiones justas.
Resulta contradictorio sostener en una conversación con jóvenes universitarios que, por una parte, "no pasa nada", pues no hay toque de queda en Tabasco y los ciudadanos somos libres de salir a donde y cuando queramos, mientras por otra parte se señala que si un ciudadano sale de madrugada un fin de semana se "autovulnera" en su seguridad. Parece una reedición del clásico "duerman tranquilos pero estén alertas".
Para combatir la desinformación, no hay mejor estrategia que comunicar claramente. Es necesario que la ciudadanía sepa si debe o no tomar precauciones, si hay zonas de más riesgo que otras, qué tipo de precauciones hay que tomar y no esperar tanto tiempo que se genere un vacío de información ante el cual crezcan las especulaciones, el temor, la desconfianza. Así como las autoridades trabajan para garantizar la seguridad, deben informar oportunamente de las decisiones que se toman y el alcance de las acciones que realizan, a fin de atajar oportunamente las noticias falsas. No son los ciudadanos responsables de "autovulnerarse" ni de quedar en el fuego cruzado entre la incertidumbre y el silencio oficial.