Más allá de los debates que ha suscitado la aprehensión de Jesús Murillo Karam acerca de la veracidad o falsedad de la “verdad histórica” y de que el presidente se ha valido de ella para mostrarse, una vez más, como el juzgador supremo al exonerar desde su tribuna tanto al ex presidente Peña Nieto como al secretario de seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el resurgimiento de la tragedia de Ayotzinapa en la agenda pública ofrece la oportunidad de retomar un tema que es crítico en la vida nacional pero que sólo atrae la atención mediática y ciudadana esporádicamente: las desapariciones forzadas.
A finales de julio el número de personas desaparecidas en México ascendía a 103 059, según el conteo oficial registrado a partir de 1964. 97 por ciento de esas desapariciones (99,967) han ocurrido desde el 1 de diciembre de 2006, día en la que Felipe Calderón asumió la presidencia y declaró la guerra contra el crimen organizado. A la fecha, dieciocho personas han desaparecido diariamente. De ellas, 31,533 desaparecieron en este gobierno, un promedio de 23 personas al día. En Puebla, según el colectivo Voz de los Desaparecidos, han desaparecido 2,500 personas desde el año 2000. Sin embargo, el fenómeno se ha agudizado últimamente, pues en los primeros seis meses de este año se registraron 413 desapariciones, un promedio de poco más de dos por día y un diez por ciento más que el mismo período del año pasado, cuando oficialmente desaparecieron 375 personas. Estos datos son espeluznantes.
La magnitud de esta desgracia es tal, que abuelas, madres, hermanas e hijas de los desaparecidos han creado incontables asociaciones durante estos años, a lo largo de todo el territorio nacional. Algunos de esos grupos exigieron recientemente en la Fiscalía General de la República la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, contemplada por la Ley General de Desaparición de Personas publicada en 2017. Cerca de 52 mil cuerpos han pasado por los servicios médicos forenses del país sin que hayan sido identificados. El Banco fue pensado para agilizar el esclarecimiento de esas identidades. En una ocasión, el presidente minimizó el hecho de que en su sexenio el número de víctimas de desaparición forzada sea mayor a las registradas en períodos anteriores afirmando las cifras son altas porque, a diferencia del pasado, ahora hay interés en contarlas. La aseveración es incorrecta. Además de que no se ha creado el banco forense, la Fiscalía tampoco ha creado el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, ni el Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas. El desinterés oficial por atender y resolver el fenómeno es más que evidente.
Desde una perspectiva global, el problema de las desapariciones se torna más dramático. Aun cuando es difícil hallar datos actualizados sobre las desapariciones forzadas en el mundo, en 2017, según la ONU, México era uno de los diez países con mayores registros de desapariciones. Los datos indican que en cinco años la situación se ha agravado. En la lista aparecen países como Iraq, Sri Lanka, Argentina, Argelia, Guatemala, Colombia, Chile entre otros. En ellos, las desapariciones han ocurrido en medio de guerras civiles, dictaduras y fortalecimiento de cuerpos paramilitares. De estos países, México es el único en que el fenómeno es producto del enfrentamiento al crimen organizado mediante el uso del ejército. Otro dato. Estudios recientes indican que durante el gobierno de Franco, en España se registraron 114 mil desapariciones, de las cuales el setenta por ciento ocurrió durante la guerra civil. En los restantes 30 años de la dictadura desaparecieron alrededor de 35 mil personas. México, en sólo quince años y medio ha rebasado por mucho esta cifra. La tendencia actual indica que a mediados del año próximo México habrá alcanzado el número total de las desapariciones registradas bajo el régimen franquista. Es innegable: la presencia de fuerzas militares en el acontecer social es el factor que explica el fenómeno. Esto es muy importante en estos momentos, pues el presidente ha decidido militarizar la Guardia Nacional, además de que ha propiciado una activa participación del ejército en la vida social del país. Parece, pues, que las desapariciones en México no disminuirán; la militarización augura su crecimiento.
México va a contracorriente de la tendencia a desmilitarizar las fuerzas de seguridad impulsada por los gobiernos de izquierda de Chile y Colombia, encabezados por Gabriel Boric y Gustavo Petro. El presidente colombiano fue muy claro al declarar que la desmilitarización tiene por fundamento la inexistencia de enemigo interno. Una mayor presencia militar en México implica la inserción del discurso de guerra en la sociedad. En la medida en que los problemas sociales se acrecienten, en esa misma medida las fuerzas militares empezarán a identificar enemigos. La paz está en peligro. El fenómeno de las desapariciones se volverá más agudo, más grave. El presidente se regocija en criticar frecuentemente a Felipe Calderón. Lamentablemente, está siguiendo sus pasos y lo habrá de superar.