¿Este nuevo pacto social debe traer consigo una disrupción o al menos un reordenamiento del constructo jurídico actual, o debe mantenerse intocable?
La reforma al artículo 2 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre del 2024, supone mayores alcances al anterior precepto constitucional, reconociendo a los pueblos y comunidades originarias, la personalidad de "sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio".
Para llevar a la realidad esta reforma, ¿no supondríamos la creación de instituciones específicas y especializadas para poder materializar tanto los alcances jurídicos como administrativos de los pueblos originarios? ¿Por qué mantener el concepto "indígenas" dentro del texto constitucional y no haberlo cambiado a otro concepto menos racista, discriminatorio, vejatorio y segregacionista?
El reconocimiento constitucional que se hace a los pueblos y comunidades originarias como "sujetos de derecho público", ha sido aplaudido una y otra vez como uno de los logros mayores, pero detrás de la literalidad de la norma constitucional, la acción institucional del poder político parece mantener otro juego.
"El discurso oficial ha dicho que ser sujetos de derecho público les va a permitir manejar directamente un presupuesto... Si se revisa el presupuesto de este año, no hay nada al respecto ni a nivel federal. Lo que hay es el anexo 10, en el artículo 24, que dice que el presupuesto que las Secretarías de estado destinen a los pueblos tienen que manejarlo junto con ellos. ¿Pero cuál presupuesto directo?", señala el investigador Francisco López Bárcenas.
En una entrevista publicada en el número 334 del suplemento Hojarasca (https://ojarasca.jornada.com.mx/ojarasca) correspondiente al mes de Febrero de 2025, el "historiador, abogado y escritor mixteco" hace una serie de consideraciones en torno a las fragilidades y lagunas respecto de la reforma anunciada con bombos y platillos.
El abogado especialista en el tema sobre los derechos de los pueblos originarios, señala que en relación a la consulta libre, previa e informada, tratándose de empresas privadas, serán éstas las que paguen la consulta. Por tanto, la consulta libre dejaría de ser libre, en tanto, quien paga manda, lo que da margen para que las empresas maniobren a su favor. O como en las encuestas electorales, todo aspirante que paga su encuesta, siempre sale arriba en las preferencias de los electores.
Se mantiene además el racismo y el poscolonialismo jurídico. ¿En qué consisten? Primero, en que no se reconoce el concepto de derecho a lo que aplican las naciones originarias. El artículo 2 hace alusión a ello mencionándolo en el apartado A fracción II como "sus propios sistemas normativos", en ninguna parte señala que los pueblos tienen derecho a tener su propio derecho. Es decir, lo que los pueblos aplican no tiene el estatus de derecho, pues no proviene del sistema legislado. Entonces, estamos ante una jerarquía de normas, una superior y una inferior: el derecho del Estado por encima de los sistemas normativos de los pueblos.
Segundo, en que se carece de jueces especializados en el tema, y para resolver controversias en torno a las prácticas sociales distintas por parte de jueces del derecho del Estado, se recurre a la aplicación del peritaje antropológico, lo que es simplemente resolver con la mirada y la apreciación de un extraño que cree conocer las costumbres y el espíritu de la colectividad, lo cual sigue siendo un intervencionismo y un postcolonialismo.
El tema es ingente y el espacio limitado. Lo seguiremos abordando.
DE PLÁCEMES: DIARIO PRESENTE cumplió este 12 de febrero, 66 años de haberse fundado por el legendario director don Jorge Calles Broca. La historia se sigue escribiendo en este importante medio de comunicación al servicio de la sociedad. Muchas felicidades a todos los que hacen posible la publicación del medio tanto en forma impresa como digital.
COLOFÓN: Conocí a la abogada María Concepción Morales Gerónimo hace cuatro años, originaria de Tamulté de las Sabanas, hablante perfecto del idioma yokot´an. Es una mujer de retos, con una ética intachable y un espíritu indomable de lucha. Producto de su formación profesional, ha luchado siempre por la justicia de los pueblos originarios y la defensa de los derechos de la mujer. Hoy es aspirante a la Dirección de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento de Centro, Tabasco, sin duda es una opción excelente. Le deseamos mucho éxito en su aspiración.