México experimenta complejidades diversas al interior y al exterior implicando desafíos superlativos que exigen a todos resolverlas con el andamiaje de la genuina armonía, capacidad de diálogo, además de ser receptivos que con el ejercicio de la «política» se concilien las pautas a seguir para encausarle hacia estadios de una justicia social reflejada en la realidad.
La «Democracia Participativa», el ciudadano, y la «Democracia Representativa», el gobierno, tendrán que hacer un común esfuerzo de acompañamiento para encarar los tiempos y circunstancias actuales y subsecuentes, que no son nuevos con la difeencia de que en la era digital halla eco de repercusiones trasversales a lo socioeconómico.
El Federalismo y la Democracia inherente al carácter de un estatus republicano como país deben ser garantes para preservar igual las libertades soberanas, de decisión, así como de expreesión.
Un disentir entre la «Democracia Participativa» y la «Democracia Representativa que no necesariamente implica división sino que entre las diferencias hallar las coincidencias para arraigar un propósito de sumar voluntades que a todos beneficien el bien estar común, evidentemente cerrando el paso a los sectarismos, además de ya no caer en el error de los estigmas y la discriminación.
Los desafíos son mayores en el doble punto de inflexión de que México con el acto republicano de transmisión de poderes públicos, ceñido el símbolo patrio de la banda por primera ocasión en una mujer presidenta; en el 200 aniversario desde que el 4 de octubre de 1824 este territorio emergió como país.
El compromiso de una «Contiuidad con cambio» de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo deberá transitar del eslogan a una realidad en la que todas las colectividaddes que cohabittan en esta nación posean la garantía de sus derechos constitucionales para ser tratados entre iguales como indica la Constitución Política; en primera instancia los esenciales derechos humanos que en lo absoluto no tienen por qué ser transgredidos, violados; ni individual ni en libre asociación.
Independiente de la condición social o cargo, la primera persona en observar el Estado de Derecho debe ser Sheinbaum Pardo que el 1 de de octubre que, ante los Congresistas de la Unión, representantes de la Soberanía Popular y de los Estados, protestará «guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República» que el pueblo le confirió, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión.
Ejercer la Presidencia de la República, de los Estados Unidos Mexicanos, no distingue género alguno, aunque sí capacidades y competencias; habida cuenta que las decisiones que dicte será su absuluta responsabilidad en su calidad de Jefa del Estado Mexicano. Deberá ponderar el calado trascendental que implicarán, los pros y contras.
Las organizaciones de colectivos civiles que forman igual parte de la «Democracia Participativa» deben ser escuchadas y consideradas en un diálogo frontal, en consideración a que estas en lo grupal e individual representan el pulso social que en la dicotomía evidencia los claroscuros de las políticas públicas que implementadas deben reglamentarse con el sustento de soluciones estructurales, incluso entre las comunidades en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
Estas voces ciudadanas deben ser escuchadas y tomadas en cuenta por el Ejecutivo Federal, en el contexto de una bochornosa realidad acestral de que a quienes se les confirió en el Legisativo la «Representación Popular» y tambiémn la «Representación Soberana» de los estados, en general usurpan técnicamente esta investidura al optar por intereses facciosos.
La disfuncionalidad entre «Democracia Participativa», el ciudadano, y la «Democracia Representativa», el gobierno, deben cobrar el vigor de una fluida conexión en el acompañamiento para que los comprometido haga sentido con la implementación de políticas públicas estructurales de solución a demandas de justicia social, impactadas en la calidad de vida, que sustantivas en el primer orden de las prioridades armonicen con el derecho humano en hechos y acciones.
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