Ayer la Cámara de diputados del Congreso de la Unión hizo uso de su función de contrapeso del Poder Ejecutivo federal citando a comparecer a la secretaria de Energía, Rocío Nahle; al director de PEMEX, Octavio Romero Oropeza; el de inteligencia financiera, Santiago Nieto y de PROFECO, Francisco Ricardo Sheffield Padilla.
Esto ante el interés de los legisladores de conocer la situación del abasto de combustible en los diversos estados del país, así como de los avances del trabajo conjunto entre diversas dependencias de la administración federal para combatir el robo de hidrocarburo en las instalaciones de PEMEX.
Las acciones que empezaron a implementarse a finales del mes de diciembre pasado, y que ya sacudieron al país, dada las implicaciones en estos delitos.
En su participación, la titular de la SENER mencionó que fue hasta el 20 de diciembre del año pasado cuando los nuevos funcionarios tomaron el control total de ductos, así como de los cuartos de control de vigilancia de ductos. Veinte días después de haberse iniciado la nueva administración.
Esto fue mencionado hace unas semanas por el actual director de PEMEX. En la empresa había oficinas y espacio laborales en diversas instalaciones en las que ni los directivos podían ingresar.
La respuesta la dio ayer la ingeniera Nahle. Dentro de PEMEX existía otra empresa paralela para comercializar hidrocarburos en diferentes puntos del país.
La situación obligó a los funcionarios que administran los hidrocarburos en México a que decidieran el cierre de diversos ductos que reportaban el mayor número de tomas clandestinas.
Tan solo en esta vertiente, en el año 2000 se registraron por primera vez 180 tomas clandestinas en todo el país. El número de las conocidas “ordeñas” fueron creciendo año con año hasta llegar a cerca de 15 mil tomas en el año 2018.
A pesar de esto, las pérdidas por ordeñas de ductos reportaban solo el 20% de las pérdidas. El resto salía de las instalaciones petroleras.
La situación no ha cesado, aun con las acciones realizadas. La compra de pipa y la implementación de programas sociales en comunidades cercanas a los ductos.
Romero Oropeza soltó un ejemplo muy estremecedor: En uno de los ductos que recorre por el sureste de país, tan solo en las primeras horas de ayer se registraron 19 tomas clandestinas.
En el mes de enero se han registrado pérdidas por más de 20 mil barriles diarios. Un numero preocupante, aunque menor a los 80 mil barriles diarios que llegaron a registrarse durante el año 2018. El huachicol no se ha eliminado, pero se ha reducido.
Los que durante años se han beneficiado con estos actos delictivos no están dispuestos a dejar su zona de confort tan fácilmente. Hay que estar preparados para lo que pueda resultar ante el cierre este negocio ilegal.
El proceso de judicialización está en marcha, hay un trabajo conjunto entre autoridades hacendarias y de procuración de justicia. Se han abierto 112 carpetas de investigación y se han detenido a 558 personas por el robo de hidrocarburo.
En el cierre de la comparecía los funcionarios federales reconocieron que el problema es grave. No está controlada ni menos normalizada.
Se ha reducido, pero las acciones deben continuarse en un trabajo. Las acciones no solo deben tomadas por el ejecutivo federal. El legislativo debe asumir su responsabilidad. Los presentes lo ratificaron y se comprometieron.
El huachicoleo se promovió durante 18 años y se dejó crecer. Pero este año habrá resultados. Debe haberlos.