A finales del mes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó el plan para combatir el robo de hidrocarburos en Pemex.
Pocos dimensionaron las implicaciones de esta acción federal que busca quitar desde la raíz la corrupción institucional incrustada en la empresa productiva del estado más importante del país.
Dicha actividad ilícita ha incrementado año con año los impactos económicos en pérdidas a la nación. Tan sólo en 2018 el monto de hidrocarburos robados ascendió a más de 66 mil millones de pesos.
El monto es superior al presupuesto anual del estado de Tabasco. Dicho monto de ganancias se colocaba a disposición de un pequeño grupo que ni siquiera tenía necesidad de mancharse las manos.
En el plan participan activamente diversas secretarías federales, entre ellos la Sedena y la Semar como las caras más visibles en el combate al robo de combustible o del llamado huachicol. Un negocio extendido hasta altas esferas públicas, en donde todo es ganancia.
Ya el presidente ha dado a conocer algunos avances entre las que destacan la reducción del número de carros tanques, las conocidas pipas. De 1300 reportadas al día en 2018 se han reducido a menos de 30. Las dependencias que trabajan con inteligencia financiera también han reportado avances.
Lo más destacable en estos días es la determinación de que la venta de huachicol en las carreteras y poblados de México solo era el pretexto dentro de la petrolera para reportar millones de litros perdidos. El verdadero robo ocurría al interior de las instalaciones y en contubernio con los directivos y personal especializado.
En el mejor de los casos los directivos no participaban, pero sí estaban enterados de lo que ocurría y no hicieron nada.
El colmo: en pleno inicio de acciones y del ingreso de las fuerzas armadas a las factorías de combustible se detectó una manguera de tres kilómetros que salía de una refinería hacia bodegas fuera de la misma. Una muestra del descaro y la impunidad en la que trabajaban los beneficiarios de la venta ilegal de gasolina.
Se detuvo a una persona con identificaciones falsas intentando sacar una pipa con combustible de otra instalación petrolera. Algunos pensaban que el plan era solo una simulación.
En algunos estados del norte del país el desabasto evidenció las gasolineras que por cada litro de combustible que le compraban a PEMEX vendan otros más provenientes del mercado negro.
Los extractores del hidrocarburo en los ductos no han cesado su actividad. En franco desafío a la autoridad han continuado perforando algunos conductos para tratar de extraer gasolina. La autoridad ha tenido que cerrar dichos ductos interrumpiendo el suministro de combustible.
Las acciones provocaron el malestar de cientos de personas que no quieren desprenderse de sus vehículos mientras se recomponen la situación y se elimina la fuga que tiene el país en este rubro.
Una vez que les cayó el veinte a líderes petroleros, corrieron a ampararse ante alguna posible orden de aprehensión en su contra. Sienten pasos en la azotea quienes durante décadas han vivido como reyes al amparo del poder.
AMLO ha señalado que no cederá ante las presiones de terceros que exigen se restituya el suministro de gasolina a la brevedad. La posición de un sector de la población, afortunadamente la menor, es clara, prefieren que se pierdan ingresos públicos permitiéndose el robo de combustible a aguantar estas consecuencias temporales.
Desde su campaña AMLO prometió acciones radicales para recuperar al país. No será nada fácil y hay muchos intereses de por medio. Lo menos que podemos hacer es apoyar. Los beneficios serán a corto plazo.