Finalmente, hace unos días, el Senado de la República, en sesión maratónica aprobó en lo general y en lo particular, por 71 votos a favor, 51 en contra y 1 abstención --y sin cambiarle ni una coma-- el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, y fue remitido al Ejecutivo Federal para su promulgación.
La aprobación de dicha reforma, como se había anticipado propició un fuerte debate por parte de los legisladores; aunque a decir verdad, fueron contadas las intervenciones de éstos en tribuna, que sí argumentaron y con mucha brillantez los motivos por los cuales estuvieron o no de acuerdo. En tanto que otra parte de ellos, miembros de Morena, PRI, PAN y PRD, al igual que algunos columnistas de la prensa escrita, televisión y parte de la sociedad, expusieron también algunos argumentos más que con el deseo de expresar una razón bien fundamentada de su postura, con ánimo de politiquería.
Este asunto tiene particular importancia, porque hay quienes opinan que el hecho de dejar a la Guardia Nacional bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional, violenta el artículo 21, décimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “Artículo 21…Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:”
Desde luego no pasa inadvertido que la reforma en cuestión, sin duda, puede verse como un intento ahora del gobierno de la 4T para poner orden en el combate contra el crimen organizado, cuestión que en momentos actuales, como se ve, sigue siendo el Talón de Aquiles de las autoridades de seguridad pública, no obstante el esfuerzo de éstas por contrarrestar ese problema social.
Y es que la verdad estimado lector, si alguien lee los periódicos o ve las noticias de televisión, cuando no es en una región es en otra y sin distingo alguno ocurre lo mismo en una ciudad, que en un municipio o en alguna carretera del país como sucedió recientemente (Orizaba, Veracruz, -13 de septiembre de 2022 SDP Noticias), actos en los que han estado presentes miembros del crimen organizado, incluso en la ciudad de México donde por mucho tiempo por cierto, se había dicho que ahí no existía tanta presencia de organizaciones delictivas.
Ahora bien, habrá que estar atentos, si como han dicho algunos miembros de la clase política intentarán echar abajo la mencionada reforma, mediante la correspondiente acción de inconstitucionalidad, para ver lo que, en uso de sus facultades, resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, también si como pregonaron y muy vigorosamente los legisladores que votaron a favor no se violentó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que la aprobación de la reforma, como se hizo, era lo mejor para salvaguardar la seguridad de los mexicanos.
En conclusión, dada la férrea defensa que hicieron los legisladores que votaron a favor de la multicitada reforma, de lo que derivó la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, no queda duda que lo hicieron conscientes de que al dar su aprobación, ya no habrá excusas ni pretextos y que va en serio poner un alto al problema de la inseguridad que tanto daño ha ocasionado a nuestro país, principalmente a los mexicanos por la zozobra y temor que se vive al no poder transitar y disfrutar en paz y tranquilidad así como con seguridad, regiones que hoy son territorios lamentablemente dominados por la delincuencia organizada. (altar_mayor@yahoo.com.mx)