Hubo una importante contribución de los Centros Integradores al desarrollo municipal. La Ley Orgánica Municipal partió del reconocimiento de que los ayuntamientos habian dejado de ser el gobierno de la ciudad o cabecera municipal y que debían fortalecer su acción como gobierno de un territorio específico.
Para ello, se le asigna al cabildo, órgano integrador de los regidores de cada municipio, funciones concretas y corresponsables a partir de una reglamentación que los reconoce como la máxima autoridad municipal pero les asigna obligaciones distintas a las que tiene la presidencia municipal: el papel de los regidores es el de dictar los reglamentos que hagan más armoniosa la convivencia municipal y vigilar, a nombre del pueblo del municipio, la correcta aplicación de los recursos públicos y el cumplimiento de los programas. Su labor, así adquiere cierta similitud con la que desempeñan los diputados en la instancia estatal.
Con este método, se les otorgó a los ayuntamientos una estructura, no sólo autónoma, también congruente con los niveles federal y estatal, al disponer un cuerpo Legislativo (cabildo) y rechazar y complementar las funciones del Ejecutivo (presidente municipal). Para cumplir con los programas municipales y ejercer los recursos financieros propios del municipio (y los que transfiere el gobierno estatal), la presidencia cuenta con diversos apoyos, entre los que están: la Secretaría del Ayuntamiento, las direcciones de Finanzas o Tesorería; de Programación; Contraloría Municipal y del Desarrollo de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales; de Educación, Cultura y Recreación; de Administración, y de Seguridad Pública y Tránsito. El secretario y los directores son nombrados por el presidente municipal y junto con él son responsables ante el Cabildo del buen cumplimiento de las funciones que la misma ley les otorga.
En Tabasco de acuerdo al catálogo de localidades hay más de 1,400 localidades dispersas por todo su territorio, y si se consideran los caseríos localizados en algunas partes del estado, se cuentan más de 3,000 pequeñas comunidades. Se calcula que el 67 por ciento de la población del estado habita en zonas rurales. Con los Centros Integradores (CI) se buscó resolver los problemas generados por la dispersión de esas pequeñas comunidades a las que era muy difícil llevar servicios y cumplir los puntos básicos de la política de desarrollo social que contemplaba cinco aspectos medulares: alimentación, salud, comunicaciones, educación y cultura.
Aunado a la generación de los CI, se lograron avances en otros aspectos como es el caso del programa de construcción de viviendas dignas, que contemplaba estrategias como las de dotar de piso, fogón y letrina a esas áreas habitacionales. En 1987, se habían dotado 55,000 viviendas en el estado. En lo relativo a la electrificación en ese mismo año, el 93 por ciento de la entidad ya contaba con ese servicio y el 7 por ciento restante lo tuvo a fines de 1988. (Informes V y VI de Gobierno, 1987 y 1988, respectivamente)
También fueron significativos los avances logrados en materia educativa, tanto en lo que se refiere a la construcción de aulas, 4,000, y a la reducción de los niveles de analfabetismo. En materia de salud se pasó de 91 centros de salud a 320 en 1987 y se realizaron tareas para mejorar la calidad de los servicios y la cobertura de los mismos, lo que fue posible, en gran medida, gracias a los centros. (Informes V y VI de Gobierno, 1987 y 1988, respectivamente)
En lo referente a la cultura, los programas llevados a cabo por el gobierno del estado permitieron, en primer lugar, el rescate de las ricas tradiciones culturales de cada comunidad, en segundo lugar, el acceso a eventos de carácter cultural y recreativo en beneficio de las comunidades que fueron no sólo auditorio, sino actores principales de esas acciones.
Para hacer efectivas las tesis del fortalecimiento municipal hubo que, primero, vincular lo disperso, ya que la imposibilidad de comunicarse no permitía hacer las cosas a tiempo. Aprovechando una bien lograda infraestructura caminera heredada de los gobiernos anteriores (6,000 kilómetros), se procedió a unir caminos y a construir puentes que enlazaron e integraron, por fin, a una entidad cuya fragmentación territorial dificultaba en gran medida su gobierno y generar estrategias exitosas a favor del desarrollo integrar. A finales de 1987 se contaba ya con 7,275 kilómetros de carreteras y 19,920 metros de puentes.
La oferta de servicios de alcantarillado creció sensiblemente y la de agua potable -importante factor sanitario - tuvo un aumento significativo que le permitió pasar de las más bajas del país en 1982 (45 por ciento) a cubrir al 62 por ciento de la población estatal en 1988. Este incremento que, quizá en términos cuantitativos no resulte muy espectacular, debe apreciarse en lo cualitativo ya que a pesar de la dispersión poblacional que hacía difícil llevar agua a todas partes, el incremento porcentual se dio no obstante que de 1980 a 1986 la población del estado aumentó en la misma cantidad que lo había hecho en la primera mitad del siglo XX.
En lo que se refiere al transporte rural se cubrían 22 rutas con vehículos administrados por la misma gente de las comunidades rurales. En lo que a telefonía respecta se pasó de siete comunidades rurales cubiertas en 1982 a 303 en 1987, a las que hay que sumar los 185 Centros Integradores.