La elección de coordinadores estatales de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación en las ocho entidades en que se elegirán nuevos gobernadores es, de hecho, una preselección de candidatos que está ya en marcha en la Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz y Yucatán.
Sin adentrarnos en las particularidades de la contienda interna en cada entidad, en general todas comparten el rasgo común de la democracia y la apertura, puesto que no hay límites para que los militantes participen (el registro de aspirantes cierra hoy), mientras que serán los ciudadanos quienes definan las coordinaciones, que después serán candidaturas, mediante encuestas.
Una mejora importante en las convocatorias estatales respecto del proceso interno a nivel nacional es que se destaca especialmente la necesidad de que los aspirantes no hagan campañas "dispendiosas", que se abstengan de pagar anuncios espectaculares o siquiera pintar bardas, así como la obligación de deslindarse en caso de que este tipo de promoción personalizada aparezca durante el proceso. Quien viole esta regla se expone a perder el registro.
También se ha destacado la necesidad de que ningún funcionario, el mismo presidente de la República, los gobernadores, alcaldes, legisladores o personas con cargos al interior del partido se pronuncien sobre sus preferencias y mucho menos participen en actividades propagandísticas.
Resulta notable que en estas convocatorias internas ya aplica la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia, por lo que los aspirantes deben manifestar bajo protesta de decir verdad que no han recibido sentencias o sanciones por violencia de género, o violencia familiar, por delitos sexuales o que no son deudores alimentarios.
Siendo esa la primera limitante, los aspirantes encontrarán pronto otra dificultad: la de las simpatías o antipatías al interior del partido. Puesto que, si bien cualquier militante puede participar, de los registros que se aprueben sólo cuatro pasarán a la fase de encuestas: dos hombres y dos mujeres. Estos perfiles los determinará el Consejo Político Estatal. No obstante, el propio Mario Delgado precisó que la última palabra al respecto de quiénes irán a las encuestas la tendrá la Comisión Nacional de Elecciones, y que en algún caso que lo amerite, se podrían encuestar hasta seis nombres.
Pasado este punto, se realizarán las encuestas teniendo la del partido y otras dos encuestas espejo realizadas por empresas con suficiente prestigio y experiencia. Entonces vendrá el ajuste más drástico y necesario, del que sin duda estaremos todos más pendientes, que es el de la paridad de género, puesto que de las nueve entidades donde habrá elecciones a gobernador, en cuatro tendrá que postularse una candidata mujer.
Es un punto sin duda crítico, ya que sin importar que los ganadores de las encuestas sean hombres, este ajuste se tiene que hacer para cumplir el requisito legal de la paridad de género. Por este motivo, los perfiles que se definan para la encuesta tendrán que firmar una carta compromiso a fin de que, incluso siendo los mejor posicionados en las encuestas, cedan su aspiración a una mujer que también sea competitiva.
Entre las fortalezas de este proceso interno se observa que involucra de manera efectiva a la ciudadanía y tiene mecanismos para evitar que las postulaciones sean, como todavía ocurre en otros partidos, pagos de favores, cuotas de grupos, o que pese más la decisión de unas cuantas personas.
Entre los principales desafíos se encuentran, además de evitar el dispendio en las campañas, lograr que los aspirantes sepan aceptar primero cuando no vayan a las encuestas, y luego, cuando aun habiendo ganado se tengan que "bajar" para darle paso a una mujer. Idealmente, en donde las mujeres estén mejor posicionadas esto no tendría que hacerse, pero en el peor de los casos, hasta cuatro hombres tendrían que hacer a un lado sus aspiraciones a favor del movimiento.
Tanto enfrentar el desengaño de una postulación que no da para más como hacerse a un lado teniendo las simpatías del pueblo son actos de madurez política que, en la medida en que se den o no, pondrán a prueba la unidad del partido.