Ya hemos comentado en otras ocasiones que cuando los Estados Unidos se han involucrado en conflictos bélicos en ultramar, algunos gobiernos de América Latina han gozado de cierta soberanía que les ha permitido realizar políticas nacionalistas, populistas y programas de desarrollo social.
Durante la guerra de Vietnam (1965-1973), cuando las tropas y las finanzas estadounidenses quedaron atascadas en los pantanos de la infernal selva del Sudeste de Asia, varios países de América Latina lograron cierta soberanía y aplicaron políticas nacionalistas y de desarrollo para beneficio del pueblo.
En Venezuela, en 1973 salió electo Carlos Andrés Pérez: en enero de 1975 nacionalizó las minas de hierro y en agosto de ese mismo año expropió las instalaciones petroleras del país e indemnizó a las compañías extranjeras.
En Perú el general Velasco Alvarado ocupó la presidencia en 1968 por medio de un régimen militar, llevó a cabo una serie de reformas sociales y económicas en busca de una mejor distribución de la riqueza; implementó una reforma agraria y organizó a las comunidades agrarias por las que el pequeño y mediano agricultor tuvieran una mayor participación de la riqueza agrícola. Velasco Alvarado también decretó la Ley General de Pesquería que reafirmaba la propiedad del Estado sobre las riquezas marinas en una franja marítima de 200 millas y creó cooperativas pesqueras por las que los pescadores obtendrían mayores beneficios de las capturas.
En Bolivia, en 1970 el general Juan José Torres llegó a la presidencia por la vía armada. De ascendencia indígena, Torres trató de organizar un gobierno popular para conducir al país por la vía de reformas populistas. Este intento revolucionario fue aplastado y destruido por el coronel Hugo Banzer en 1971. Pero el caso más connotado fue el de Salvador Allende en Chile, llegó al poder por la vía electoral como presidente constitucional en octubre de 1970, y trató de llevar a Chile por la "vía legal" a un socialismo que fuera compatible con un régimen parlamentario. Pero el movimiento militar de septiembre de 1973 que derrocó a Allende y la dictadura sangrienta de Augusto Pinochet acabaron con esos proyectos.
Precisamente cuando Estados Unidos salió derrotado de Vietnam, pudo ocuparse aún más del traspatio de su casa y a aplicar una política de mano dura, del gran garrote, contra todo intento nacionalista en América Latina: se dedicó a derrocar por la vía armada y con ayuda de la CIA a aquellos gobiernos de corte socialista como el de Salvador Allende.
Durante la segunda guerra en que los gringos también se vieron atrapados por esa conflagración mundial, hubo gobiernos populistas como el de Lázaro Cárdenas que aprovecharon la coyuntura para llevar a cabo medidas nacionalistas y expropiatorias como las del petróleo. En esos días se dieron otras condiciones favorables para expropiar a las compañías petroleras en México: la gran crisis económica de 1929 a 1933 que había golpeado muy duro a la potencia del norte y la amenaza del expansionismo nazi en que Hitler invitó a Lázaro Cárdenas para que se sumara a los países del Eje; ello, sumado a la política de masas de don Lázaro, favoreció la expropiación petrolera de 1938.
Durante la gran guerra o Primera Guerra Mundial (1914-1918), de igual forma los Estados Unidos se vieron envueltos en aquella conflagración y descuidaron su patio trasero. Y precisamente mientras los gringos estaban atrapados en esa guerra mundial, en México se daba el congreso constituyente de Querétaro de 1916 del cual surgió la Constitución de 1917 con un contenido nacionalista.
El radicalismo presente en ese Congreso se plasmó en el artículo 3º con un anticlericalismo a ultranza; el 27, más peligroso aún porque amenazaba con expropiar a las compañías extranjeras, mineras y petroleras; y el 123 que aborda las relaciones obrero-patronales y en esencia dirime la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía capitalista.
Y a los Estados Unidos lo que más le preocupó fue la aplicación del artículo 27 y que ésta se hiciera de manera retroactiva. Terminada la primera guerra, firmado el Tratado de Versalles en 1919 del cual Estados Unidos salió como potencia hegemónica, entonces Washington se ocupó de México y, sobre todo, de su artículo 27 que amenazaba con expropiarles sus compañías mineras y petroleras.
Siendo presidente de México Álvaro Obregón, el gobierno de Washington le negó el reconocimiento diplomático y toda posibilidad de préstamos y de apoyo con armamentos. La condición que le impuso Estados Unidos a Obregón fue que no aplicara el artículo 27 y menos de manera retroactiva.
Fue con ese fin que Estados Unidos obligó al gobierno de México a sentarse en la mesa de negociaciones. Por parte de los Estados Unidos llegaron a México Charles Beecher Warren y John Barton Payne; por parte de México participaron Fernando González Roa y Ramón Ross. Las pláticas iniciadas en mayo de 1923 se llevaron a cabo en el antiguo Palacio Covián, en la ciudad de México, donde hoy se encuentran las oficinas de la Secretaría de Gobernación en la calle de Bucareli.
Álvaro Obregón siempre afirmó que esas pláticas sólo tenían como fin cambiar ideas de manera informal, pero que no eran para celebrar ningún Tratado. Adolfo de la Huerta se opuso a que vinieran a México representantes estadounidenses a discutir la legislación mexicana. José Vasconcelos, secretario de Educación, también se opuso a esas conferencias, señaló que se llevaron de manera secreta y que se enteró de algunos de los acuerdos por boca de Warren, comisionado de los Estados Unidos. Dijo que era el colmo que un miembro del gabinete tuviera que enterarse de esos arreglos en una plática casual con un comisionado de los Estados Unidos.
El general Cándido Aguilar, yerno de Carranza, señaló que Obregón con ese Tratado estaba comprometiendo "los intereses más sagrados de la Nación". El senador por Campeche Francisco Fields Jurado se opuso en el senado a que se aprobara la Convención Nacional de Reclamaciones formada por las conferencias de Bucareli. La calificó de antipatriota y que él como senador estaba dispuesto a "proteger los intereses de la nación que los traidores desean violar". Dos días después Fields Jurado, por órdenes de Obregón, fue asesinado por los pistoleros de Luis N. Morones. José Vasconcelos, al saber que uno de los asesinos se encontraba escondido en la oficina de Morones, le telegrafió a Obregón su renuncia como secretario de Educación. Meses antes ya también le había renunciado Adolfo de la Huerta como secretario de Hacienda. (Historiador y catedrático universitario)