La desaparición de 43 estudiantes normalistas de Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, es tragedia social múltiple. Tragedia jurídica: a estas alturas, el enigma pesa más que la verdad y la justicia se abre paso a trompicones; tragedia de inseguridad: se trata de desapariciones y asesinatos que tendría que evitar cualquier república con Estado de Derecho; tragedia de funcionamiento de los cuerpos policiales: fueron omisos las policías municipal, estatal, federal, y el batallón militar ubicado a minutos de los sucesos.
Es tragedia de encubrimiento institucional: la Procuraduría General de la República construyó una ‘verdad histórica’ a modo para el gobierno y apta para consumo mediático; tragedia de toma de decisiones: ahora se sabe que hubo conocimiento oficial de los hechos en tiempo real y nadie decidió ayudar a los estudiantes secuestrados; tragedia de empatía: así como Carlos Salinas dijo “ni los veo ni los oigo” a propósito de la oposición de izquierda, igual Enrique Peña jamás se reunió con familiares de los desaparecidos.
Hay otros ángulos (simbólicos, políticos) que se pueden señalar, pero no son tragedias.
HISTORIA EN CÍRCULOS
En el sexenio de Vicente Fox (2002) se estableció una Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado que indagó el 68 mexicano. Habían pasado 34 años y se dictaminó prisión domiciliaria al expresidente Luis Echeverría, que se amparó en julio de 2007 y fue absuelto (sexenio de Felipe Calderón). No hubo imputación a militares.
De Tlatelolco a Ayotzinapa: los normalistas tomaron cuatro autobuses para viajar a la Cdmx, por la conmemoración del 2 de octubre. Llama la atención que lo hicieran 5 días antes.
Un día antes de cumplirse 8 años de la tragedia, la filtración periodística (Reforma) de un documento sin testar (sin tachar) aviva el Caso Ayotzinapa. Se registra con nombres que hay mandos del ejército involucrados. Por ello, no es tragedia La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, que encabeza el Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Esa comisión estableció en su informe (testado/tachado, para cuidar el debido proceso) elementos de complicidad institucional: 120 presuntos responsables y 17 militares señalados por omisión y acción; encubrimiento a militares, tortura de detenidos y manipulación de evidencia por la PGR/Murillo. “Los testaferros de la verdad histórica quieren distorsionar el esfuerzo de esclarecimiento y los procesos legales en curso”, afirmó Encinas.
EN BUSCA DE LA VERDAD
Sobre Ayotzinapa se han realizado cinco investigaciones oficiales:
1) Investigación de la Procuraduría de Justicia Estatal, rebasada por los hechos. Pidieron colaboración y se enredaron. Luego, en el curso decisivo de 72 horas, descuidaron los escenarios del crimen, a la espera de la ayuda federal.
2) Investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), que oficialmente atrajo el caso el 18 de octubre de 2014, 22 días después de los hechos. Por tres semanas, actuó la subdelegación de la PGR asentada en Guerrero. La combinación entre subdelegación PGR y Procuraduría Estatal arrojó sombras. Más que incompetencia, ahí pudo comenzar la decisión política de encubrimiento. Hay una declaración (que no se conocía) del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, sobre el ofrecimiento del presidente Peña Nieto para ser (Abarca) el chivo expiatorio: asumirse como autor intelectual y luego de un tiempo ser liberado. Prisa por echar tierra al caso. El Procurador Murillo Karam difundió el 27 de enero de 2015 la verdad histórica: “los estudiantes fueron incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan”. Antes, el 7 de noviembre de 2014, declaró: “ya me cansé”. ¿Y si hubiera renunciado? Hoy enfrenta proceso penal por obstrucción de la justicia, tortura a detenidos y manipulación de evidencia. Un amparo le fue concedido y hay apelación, de la Fiscalía General de la República.
3) Investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que encabezaba Luis Raúl González Pérez. Se detallan elementos que implican violaciones legales. Documento de 2017, un año antes del cambio de poderes federal.
4) Investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en 2015 y que comenzó el cuestionamiento técnico de la “verdad histórica” PGR/Murillo/Tomás Zerón, el investigador que sembró ‘pruebas’ y que vive en Israel. Hay petición de extradición.
5) Investigación que desde 2019 realiza La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa. Encinas y su equipo entraron donde no entraron Murillo y Peña: ubicar con pruebas las omisiones y actos del batallón militar afincado en Guerrero. Hay procesos legales en curso. Si no crimen de Estado, existe hasta ahora encubrimiento de Estado. Se anticipa turbulencia política por la falta de justicia.