El tema relacionado con el paso de los migrantes por territorio mexicano es un asunto pendiente que, sin duda tiene muchas aristas para su atención, sobre todo si por la tradición hospitalaria que siempre ha caracterizado a México.
Y a propósito del reciente caso ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua donde a causa de un incendio perdieron la vida unas 40 personas de origen centroamericano y otras más aún están recuperándose en hospitales surgen algunas preguntas. Como, por ejemplo, ¿qué está haciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos para evitar excesos y abusos en contra de esos seres humanos inmigrantes? ¿Existe coordinación entre los estados y la CNDH o el Instituto Nacional de Migración para garantizar seguridad, salud y/o alimentación a estas familias que se han desplazado de sus lugares de origen en busca del "sueño americano"?
¿Cuáles son las facilidades que el gobierno mexicano proporciona a los migrantes en su paso por nuestro país hacia su destino final? ¿Qué condiciones prevalecen en aquellos albergues que, al menos en el caso de Ciudad Juárez ya se observó tal parece se aplicaban medidas carcelarias?
Pero veamos: esa tragedia de Ciudad Juárez como también aquellas otras ocurridas en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora y en Ayotzinapa (desaparición de 43 estudiantes normalistas) –aunque no parecidas por las particularidades propias de cada una-- son sin duda alguna hechos históricos que están presentes en la memoria colectiva de los mexicanos y que, indudablemente, generan juicios a priori en amplios sectores de nuestra sociedad.
Juicios que, a decir de algunos, podrían ponerse de relieve en momentos decisorios como es el caso de los procesos electorales –hoy en vísperas de elecciones de gobernadores en el Estado de México o en Coahuila-- y aunque no se quiera admitir, también en la cada vez más cercana elección presidencial.
Pero bueno, de entrada --al igual que en los casos de la Guardería ABC y lo de Ayotzinapa-- habrá que concederle el beneficio de la duda a los funcionarios involucrados en las investigaciones y el diagnóstico de las causas que provocaron la tragedia de Ciudad Juárez; se espera que no haya opacidad, favoritismos ni amiguismos.
Y por otro lado, hay quienes debieran evitar emitir juicios severos --como a la ligera lo hizo el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, al sostener que fue "un crimen de Estado"-- cuando necesariamente se debe ir al fondo del asunto para deslindar responsabilidades.
Pero independientemente de esto, sería interesante conocer que están haciendo los gobiernos de El Salvador, Venezuela, Honduras y Guatemala --generadores de la altísima población migrante hacia el coloso del Norte-- en relación con sus connacionales para evitar la movilidad de éstos.
En conclusión, tanto esos países centroamericanos como también México y Estados Unidos (guardadas las proporciones porque el problema real es de aquellas naciones exportadoras de migrantes) sin darle tantas vueltas al asunto, tienen un enorme reto y mucha tarea con este asunto de migración.
Según un estudio del Instituto Nacional de Migración se prevé que en 2023, por tercer año, México rebase la cifra de 100 mil solicitudes de refugio, luego de que en 2021 se impuso la marca de 130 mil y en 2022 se alcanzó la cifra de 118 mil 478.
Otro dato, refiere que hasta septiembre de 2022, se documentó la deportación de 45 mil 654 menores de edad, 18 mil 551 adolescentes de entre 12 y 17 años y 27 mil 103 niños recién nacidos a 11 años. "En los últimos dos años se incrementó el flujo de menores, por la situación en los países de origen", cita el documento del INM donde se advierte que "los padres deciden emprender el camino con la familia, y también por el engaño de los traficantes, pues afirman a los migrantes que con niños será más fácil entrar a Estados Unidos. Hasta hace cuatro años el número de niños migrantes no acompañados era casi 15% del fenómeno migratorio, hoy es casi más de 30%. Cada vez son más niños los que participan en el fenómeno migrante..." subraya ese Instituto.
(altar_mayor@yahoo.com.mx)