En las últimas dos décadas he visto una serie de documentales sobre sucesos graves en nuestro país: crímenes sin resolver y con un sinfín de denuncias contra los gobiernos, administraciones que con sus comisiones de la verdad contaminan o entorpecen sus esclarecimientos.
Por citar: Ayotzinapa: el paso de la tortuga; Las tres muertes de Marisela Escobedo; A plena luz: el caso Narvarte; Duda Razonable: Historias de dos secuestros; Digna Ochoa: Hasta el último aliento; Red privada: ¿Quién mató a Buendía?; El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal; Hasta los dientes; El show: Crónica de un asesinato; entre otros. La lista es más extensa.
Y recientemente he visto El guardián de las monarcas, un documental dirigido y producido por Emiliano Ruprah y Eduardo Díaz. Es la historia de Homero Gómez González, presidente del comisariado ejidal de El Rosario y defensor ambiental, quien dedicó su vida a la conservación de la mariposa monarca y a evitar la tala en la zona boscosa de Michoacán — cuando el estado era gobernado por Silvano Aureoles Conejo— hasta su muerte en enero de 2020.
A grandes rasgos, en la película escuchamos testimonios de amigos, familiares, políticos y señalados por su extraña desaparición y muerte, misma que sigue sin convencer, ahogado en un pozo artesanal en la comunidad de El Soldado, municipio de Ocampo.
También se contextualiza la expansión de grupos delictivos que ingresan a zonas protegidas para talar árboles, traficar con la madera y usar estas mismas tierras desmontadas para el cultivo de drogas y aguacate, pues recordemos que Michoacán aporta el 85% de la producción nacional y es uno de los principales exportadores de aguacate a Estados Unidos de Norteamérica.
Mientras miraba El guardián de las monarcas presté atención a la defensa que no solo hizo Mario Gerardo Pinedo Infante, de la Fiscalía General de Michoacán, sino a la postura del entonces gobernador Silvano Aureoles, negando que los políticos señalados, quienes convivieron por última vez con el ambientalista Homero Gómez, estén relacionados con su desaparición y muerte. A su vez, Pinedo Infante insistiendo en que el ambientalista murió al caer en un pozo: por golpearse la cabeza y por ahogamiento. Sin embargo, el cuerpo no presentaba descomposición a diez días de su desaparición, como bien precisa el perito German García, que entonces "habría presentado datos de putrefacción" y estaría "irreconocible". Lo que se deduce que, ante la presión de amigos y familiares, y sobre todo de la comunidad internacional, el cadáver fue depositado en este cuerpo de agua para su pronta localización; una versión que no creyó ni la prensa michoacana. Escribo estas líneas cuando leo que han sido arrestados excolaboradores de Silvano Aureoles, acusados de peculado, y que también a él se le giró una orden de aprehensión por este y otros delitos.
Asimismo, en el documental se recuerda a los ambientalistas caídos en la defensa de la tierra y el agua, así como de los animales en peligro de extinción. Se menciona, por cierto, al tabasqueño José Luis Álvarez, defensor del hábitat del mono saraguato y quien al denunciar la extracción ilegal de arena del río Usumacinta, había recibido amenazas de muerte, una muerte que ocurrió en 2019.
En este marco, es importante decir, que ser ambientalista en México es un trabajo de alto riesgo, como ejercer el periodismo. En 2021 se asesinaron a 54 defensores ambientales, de acuerdo con un reporte de la organización internacional Global Witness, índice que creció si se le comparada con el 2020, año que registró 30 decesos. En este sentido, el diario El País tituló: "México se convierte en el país más mortífero para los ambientalistas con 54 asesinados en 2021", esto tan solo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Si bien para 2023 la cifra bajó a 18 muertes, México fue entonces el cuarto país, en el panorama mundial, en asesinatos de defensores del medio ambiente. En términos generales, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, son las entidades con mayores decesos y riesgos para asumirse como ambientalista, pero los peligros están en todo el territorio nacional.
También escribo sobre el tema cuando me entero que han asesinado a balazos a otro ambientalista en Guerrero, Cristino Castro Perea, a manos de sicarios; hechos que ocurrieron en Barra de la Cruz. Él era un defensor de "la tierra y el territorio", sobre todo de la zona manglar, y defendió junto a otros oaxaqueños la tala y construcción de infraestructura hotelera. Sin embargo, y pese a estar bajo el amparo, desde 2023, del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, este fin de semana le quitaron la vida.
@Librodemar