UNO DE LOS PROGRAMAS estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador es el de la pensión a los adultos mayores. Lo inició siendo Jefe de Gobierno en el Distrito Federal, a principios de este siglo. El secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, en una extensa plática con este columnista donde abordó diversos temas, recordó que en marzo pasado el mandatario federal anunció que este apoyo se entregará a quienes tengan 65 años cumplidos, ya no sólo a los 68 como se estableció al inicio de la administración.
Esta compensación monetaria se incrementaría gradualmente hasta llegar al doble, al inicio del 2024. Precisamente el mes próximo arrancaría con un incremento del 15%; cada inicio de año (enero de 2022, 2023 y 2024) se prevé un aumento del 20% anual, más la inflación, hasta llegar a 6 mil pesos bimestrales.
Como el anuncio se hizo en marzo pasado, poco antes del inicio delas campañas electorales, la oposición y los críticos del gobierno acusaron de un cálculo político. AMLO rechazó los señalamientos.
Habría que recordar que desde varias banderas partidistas se ha planteado la aplicación en el país del llamado Ingreso Básico Universal o Ingreso Ciudadano Universal (ICU), del que ya hemos comentado en esta columna. La pensión para un segmento por lo general desprotegido de la población, sería parte de este Ingreso Básico.
UNA INVERSIÓN SOCIAL
AYER, la Secretaría de Bienestar informó que a partir del bimestre julio-agosto este apoyo aumentó de dos mil 700 a tres mil 100 pesos. Esta “inversión social” en el bimestre mencionado será de 25 mil millones de pesos en total. En el 2020 un total de 128 mil 667 millones fueron para ocho millones cinco mil 694 personas adultas mayores. Si tomamos en cuenta que el presupuesto para los “programas prioritarios” de la Secretaría de Bienestar fue de 142 mil 600 millones de pesos, es fácil notar la importancia que tienen estos respaldo económicos directos.
Pero no sólo es una inversión social, sino la idea –según lo explican los responsables de las políticas oficiales, es que esta derrama retorne al mercado interno, a las economías locales. Una buena intención, es fundamental darle seguimiento.
De acuerdo a May Rodríguez la pensión para los adultos mayores que ahora incluye a quienes tengan 65 años cumplidos, cubrirá un universo de 10 millones 300 mil personas. A favor hay que decir que la mayoría contribuyeron ya con su esfuerzo productivo y creativo al desarrollo de este país.
Conforme a las cifras del censo nacional (INEGI) en México hay 15.4 millones de personas de 60 años o más; viven solas 1.7 millones. Más de la mitad (69.4%) padecen algún tipo de discapacidad y 41 de cada cien son todavía económicamente activos. Por razones naturales se trata de un sector altamente vulnerable, como lo muestra la reciente pandemia.
Una cuestión que habrá que abordar desde las políticas públicas es la manifestada en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid 2018) donde el INEGI destacó que “en México, las personas de 60 años o más que viven solas se exponen a vulnerabilidad, debido a que no cuentan con una red familiar que las apoye en un momento de su vida donde su salud o sus condiciones económicas pueden ser precarias”.
Podría decirse que esto sucede no únicamente en México y no en particular para las personas adultas mayores que viven solas; diversos estudios han mostrado que una red familiar o social es más o menos necesaria para todos aquellos que entran en la categoría de mayores de 60 años de edad.
Ya trataremos aquí un tema planteado por el rector de la Universidad Olmeca (Villahermosa, Tabasco), Emilio de Ygartua, sobre los desafíos que representa para nuestra sociedad el cambio de la pirámide poblacional, la exigencia de servicios y opciones para una población adulta. Todos los países viven actualmente un proceso de envejecimiento y también donde la economía es soportada por una población económicamente activa que disminuye. Al mismo tiempo cada vez son más los adultos mayores que buscan un espacio en el mercado de trabajo, pero un espacio digno.
AL MARGEN
COMO usted sabe, diez partidos políticos participaron en las elecciones recientes. Varios lo hicieron en alianzas, formando dos grandes bloques nacionales. Tres pequeñas organizaciones buscaron ratificar su registro como partidos y por limitaciones de la ley, afortunadamente, no pudieron ir en coalición sino que tuvieron que ganarse los votos…no consiguieron los suficientes.
En Tabasco, de los diez “partidos” que compitieron cinco no obtuvieron su registro estatal. Los nuevos Redes Sociales y Fuerza por México, no lograron el tres por ciento mínimo; Encuentro Solidario, que antes perdió su registro como Encuentro Social, tampoco. Dos partidos tradicionales Acción Nacional y del Trabajo, quedaron fuera. Los que ya estaban en el registro como Morena, PRD, PRI y PVEM, continuarán; a estos se agrega Movimiento Ciudadano que en 2018 se vio eliminado.
El PES logró apenas 25 mil 771 votos; el RSP 26 mil 109 votos y FXM 24 mil 275. El PT sólo consiguió 22 mil 192 votos y el PAN, un partido con presencia nacional, se tuvo que conformar con 12 mil 777 sufragios. Muy pocos.
En la cuenta final, una muy mala noticia fue para el PRI, que en todo el estado sólo cosechó 75 mil 165 papeletas, el 8 por ciento del total. Si por lo ocurrido en el PRD, que obtuvo el 13 por ciento ya se encendieron las luces de alerta, imagine lo que debe estar sucediendo en el tricolor. (vmsamano@hotmail.com)