LA NUEVA MAYORÍA en el Senado se cobró la “humillación” del 2013, publicó el diario El Universal para dar cuenta de la votación de Morena y sus aliados para la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La iniciativa, que también obtuvo una mayoría en la Cámara de Diputados, fue avalada de manera expedita por los senadores. Votos a favor 68, en contra 58.
Aquella afrenta a la que se refiere el matutino es la imposición –con otra mayoría- de la serie de reformas que impulsó Peña Nieto. Entonces, quienes se oponían a las modificaciones peñanietistas en práctica estaban borrados del Legislativo. Y del debate público.
En diciembre de 2013, en plena euforia de los aliados de Enrique Peña Nieto, el actual presidente López Obrador no pudo encabezar una protesta en el Senado para oponerse a la “reforma energética”, porque precisamente en esas fechas sufrió un infarto agudo de miocardio. Antes, por varios medios, entre ellos el impulso de una consulta popular –negada por la Corte-, intentó frenar lo que desde entonces denunció como la privatización y subasta de los recursos del petróleo y la electricidad.
OTRA PESO EN LA BALANZA
LA CORRELACIÓN de fuerzas cambió, al igual que los objetivos y el proyecto de Nación. En aquel diciembre de 2013 fueron 95 los senadores que avalaron la “reforma energética”: 53 legisladores del PRI, 35, del PAN, y 7 del Partido Verde. En términos generales la legislación de Peña Nieto significaba una mayor apertura a la inversión privada en los sectores de petróleo, electricidad y gas. Estas medidas se acompañaron de reformas a los artículos 15, 27 y 28 de la Constitución para obstaculizar futuras modificaciones.
Como sucedió en 2013, el Partido Verde -entonces como aliado del PRI- aprobó la reforma de Peña Nieto junto también al PAN, ahora votó otra vez junto al PAN, PRI y MC contra las modificaciones propuestas por López Obrador…aunque ahora aparece como aliado de Morena.
Este 2021 votaron a favor de la iniciativa de AMLO los senadores de Morena, PT y PES.
Las reformas pasaron ya por la Cámara de Diputados y ahora sólo se espera su publicación en el diario Oficial. Un bloque opositor anunció que acudirá a la Suprema Corte para impugnar la constitucionalidad de los cambios. Sin embargo, este es apenas el primer paso de una serie ajustes cambios que incluirán también a Pemex; un proceso que AMLO anunció como mecanismo para revertir los daños al país impuestos por el neoliberalismo. Sus adversarios, por supuesto, sostienen que lo benéfico es la privatización. Dos visiones de país, dos conceptos de economía.
Sostuvo ayer López Obrador luego de reconocer el apoyo de diputados y senadores a su iniciativa: “Ya no es el tiempo de que los políticos estaban al servicio de las empresas”.
PAGAR PARA PEGAR
DESDE el inicio del actual gobierno federal se observó una relación conflictiva de las firmas calificadoras –casi todas extranjeras- con Petróleos Mexicanos en particular y con la administración pública en general. Se llegó a tal punto que el senador morenista Salomón Jara propuso hace un año regular e inclusive sancionar a las calificadoras de riesgo.
Ayer confirmó el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, que la empresa petrolera no renovará su contrato con la firma Fitch Ratings (agencia internacional con sede en Nueva York y en Londres). Dijo que si bien es cierto que la ley obliga contar con “por lo menos” dos calificadoras, resultó que la ex paraestatal tenía que pagarle a cuatro firmas. Ahora se quedará con tres: Standard & Poor (S&P), Moody’s y HR Ratings.
De acuerdo a lo informado por Romero Oropeza, prescindir de Fitch Ratings significará para Pemex un ahorro de 350 mil dólares. Se trata, indicó, de una optimización en la contratación de servicios. La reacción no se hizo esperar y los críticos de esta medida –no renovación del contrato- subrayaron que la corporación financiera mantenía una baja calificación a Pemex y que de alguna manera esta fue una especie de revancha.
Sin embargo, tampoco hay que ignorar que los grandes corporativos financieros -a los que pertenecen las más notorias calificadoras-, participan también en el mercado de inversiones…y de especulación.
MÁS INGRESO, MÁS MERCADO
UNO DE LOS COMPROMISOS históricos de la lucha sindical y laboral en México ha sido evitar un mayor deterioro en la capacidad adquisitiva de los trabajadores. La vía más directa es el incremento de una base legal: los salarios mínimos. Durante lo que va de la administración de López Obrador se rompió el tope que impedía que los aumentos fueran de más del 5 por ciento, llegando a darse en otros gobiernos alzas de apenas 2 ó 3 por ciento.
En su primer año como Presidente impulsó AMLO un aumento de 16 por ciento vigente en 2019; para el 2020 este ingreso básico se elevó en 20 por ciento y para este 2021 el incremento aprobado fue de 15 por ciento. El acumulado que supera con creces en tres años lo obtenido en varios sexenios. La política en este sentido apunta a fortalecer el mercado interno.
Ahora los legisladores, con 428 votos a favor avalaron un mandato de ley para que el alza de los salarios nunca esté “por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrido”.
AL MARGEN
CUANDO Miguel de la Madrid asumió la Presidencia en 1982 se comenzó a aplicar un tope salarial con el argumento de que los ingresos de los trabajadores provocaban la inflación; lo que siguió fue un deterioro permanente de la capacidad de compra, sin que se lograra frenar el alza de precios. (vmsamano@hotmail.com)