PENDIENTE del "segundo piso 4T" es la gestión de obra pública. Es lo que más se ve y se critica. Son elementos cruciales la planeación y tiempos de ejecución, financiamiento, asignación de contratos y transparencia informativa. En este terreno, la ruta ha sido accidentada; la población observa obras inconclusas, costos inflados, falta de planeación, ocurrencias. La maraña a desenredar para lograr el cambio es compleja.
En el sexenio actual, pese al empeño de Andrés Manuel López Obrador, la desconfianza ciudadana hacia la obra pública tuvo motivos, más allá de las campañas opositoras y sin ignorar el pasado al que nos referimos en varias ocasiones: 1) asignaciones directas en el 70 por ciento de las obras (sin concurso público); 2) informaciones periodísticas sobre redes de influencia, testaferros y adquisición de propiedades que ligan a políticos 4T con una imagen de corrupción. Rocío Nahle (Energía), Manuel Bartlett (CFE) y Julio Scherer Ibarra (consejería jurídica de Presidencia) encabezan la lista; 3) el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) por desfalco de 15 mil 300 millones de pesos, con 22 funcionarios procesados, 10 sancionados y protección al director Ignacio Ovalle Fernández, reubicado como coordinador de Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo (INAFED) en la Secretaría de Gobernación. Extraño premio para el caso de corrupción más grave.
La obra pública nacional tiene normativa internacional a considerar. México no debe eludir transparentar procedimientos para asignar obra pública.
DISCRECIONALIDAD HISTÓRICA
POR HISTORIA, la obra pública en México es terreno de oscuridad. Podría hablarse de la crueldad del imperio Azteca para con los pueblos indígenas sometidos, aunque imperio no es democracia. En sentido patrimonialista, la corona española multiplicó obras en minería y agricultura: enriquecimiento de pocos frente a la miseria de muchos. Un modelo que condena a la decadencia.
En el México independiente, Antonio López de Santa Anna hizo de los bienes de gobierno su patrimonio. La Reforma mostró rostro ético, aunque llegó el régimen de Porfirio Díaz (Porfiriato) y se repartieron obras a contentillo: ferrocarriles, carreteras, correos y extracción de hidrocarburos, además de dar entrada a empresas de capital extranjero que anticiparon las modernas franquicias. Luego de la Revolución, los gobiernos hicieron del ocultamiento fórmula lisa y llana. Cada sexenio, la obra pública acumuló procedimientos para regular y transparentar la obra pública, pero en la práctica hubo discrecionalidad y opacidad.
INTERMEDIARISMO ETERNO
UN INFORME de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2013) sobre México y obra pública, cuenta esta curiosa historia: "En 2009 y 2010, la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizó un ejercicio para revisar el acervo de regulaciones internas que, para principios de 2011, resultó en la eliminación de 67 por ciento de los instrumentos regulatorios internos —pasando de 14 mil 374 a 4 mil 774—, así como en la elaboración y publicación de nueve manuales administrativos de aplicación general en las actividades internas del gobierno en áreas como Adquisiciones, Obras Públicas, Recursos Humanos, Recursos Financieros y Recursos Materiales, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Transparencia, Auditoría y Control. El objetivo de los nueve manuales consiste en ofrecer un marco estandarizado para orientar las medidas que tomen los funcionarios". ¿Por qué la historia es curiosa? Porque se olvida la burocracia previa que permitió llegar a 14 mil 374 instrumentos regulatorios, cuando a nivel internacional el promedio no llegaba a mil. La intervención de la SFP en el sexenio de Felipe Calderón recortó procedimientos, aunque México quedó muy atrás de promedios internacionales: 300% más de trámites. La acción federal no llegó a los estados, pero además se diluyó en la simulación.
MIRADAS DE FUERA
EL INFORME OCDE 2023 aparecen parámetros de medición de obra pública que vale la pena sintetizar. Reflexione el lector qué tan cerca está la 4T de esos parámetros (ya no digamos los gobiernos anteriores que no pasaron la prueba de las urnas).
* Rendición de cuentas: el gobierno es capaz y tiene la intención de mostrar hasta qué punto sus acciones son congruentes con objetivos claros y racionales.
* Transparencia: las medidas del gobierno están abiertas en un nivel de escrutinio adecuado para ser revisadas por otros sectores del gobierno, la sociedad civil e instituciones externas.
* Eficiencia: el gobierno genera productos públicos de calidad al mejor costo, incluyendo los servicios que presta a los ciudadanos; y garantiza que lo ofrecido cumpla con políticas previamente formuladas.
* Capacidad de respuesta: el gobierno tiene capacidad y flexibilidad para responder con rapidez a los cambios en la sociedad, toma en cuenta inquietudes de la sociedad civil en la identificación del interés público general y analiza su papel con perspectiva crítica.
* Visión prospectiva: el gobierno es capaz de prever problemas y temas a futuro, con base en los datos y las tendencias actuales; asimismo, diseña políticas públicas que toman en cuenta los costos futuros y los cambios previstos.
* Estado de derecho: el gobierno aplica leyes, regulaciones y códigos, de manera equitativa y transparente.
¿Se logrará este segundo piso en la materia? El bono en las urnas no es eterno. ( vmsamano@hotmail.com)