El Gobierno de Donald Trump se apresura a realizar una serie de cambios regulatorios a nivel federal antes de que el presidente electo le releve en la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, permitiría que algunos presos federales condenados a muerte fuesen ejecutados por medios distintos de la inyección letal.
El método predeterminado para las ejecuciones federales es la inyección letal, excepto si un juez ordena explícitamente lo contrario. Pero muchos estados con la pena de muerte permiten que las ejecuciones se lleven a cabo por otros medios, como la electrocución, un pelotón de fusilamiento y la hipoxia de nitrógeno. Tennessee, por ejemplo, ejecutó a un preso condenado a muerte con electrocución en diciembre.
Aunque la inyección letal se presentó inicialmente como un método de ejecución más humano y menos violento que la silla eléctrica o un pelotón de fusilamiento, ciertas drogas de inyección letal —o los problemas para administrarlas— han provocado complicaciones, y algunas inyecciones fallidas que provocan muertes dolorosas.
Ocho presos federales condenados a muerte han sido ejecutados desde que el Departamento de Justicia reanudó las ejecuciones federales en julio, y se han programado cinco ejecuciones federales más durante el período de transición.
En julio, Daniel Lewis Lee, condenado por asesinar a una familia de Arkansas en 1996, se convirtió en el primer preso federal ejecutado en 17 años. Más recientemente, Orlando Hall fue ejecutado el 20 de noviembre por el secuestro, violación y asesinato de una adolescente de Texas en 1994.
Ruth Friedman, directora del Proyecto Federal Capital Habeas, quien representó al primer hombre ejecutado por la Administración Trump, calificó la regla como un “gran abuso de poder”.
Según las autoridades, la regla propuesta “asegura que el Departamento de Justicia esté autorizado a utilizar la más amplia gama de formas de ejecución humana permitidas por la ley”.
Sin embargo, ProPublica informó que es posible que el cambio no se aplique en ninguna ejecución. Se prevé que todas las ejecuciones federales restantes programadas antes de que el presidente electo, Joe Biden, asuma el cargo el 20 de enero se realicen mediante inyección letal. Biden se opone al uso de la pena de muerte y ha indicado que su Administración no buscará la ejecución de prisioneros federales condenados a muerte.
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